Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

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Anales de la Universidad
estado, á fin de permitir la foi-mación del balance general; que
cesaban todos los empleados civiles y gastos no presupuestados;
que se derogaba el decreto de 2 de enero de 1884 que creó la
libranza por cheques contra la tesorería, restableciéndose expresamente
en toda su fuerza y vigor la ley de 1830 relativa á pagos,
siendo en éstos imprescindible la intervención de la contaduría».
Tratándose de una ley tan sabia, ha podido alguna vez la asamblea
incorporarla á la ley de presupuesto, para recordar así su
cumplimiento al poder ejecutivo. Lejos de eso, hasta hace muy
poco tiempo, era de práctica corriente incluir año por año en la
ley de presupuesto un artículo por el que se autorizaba al poder
ejecutivo para hacerlas transformaciones que juzgase conveniente
en los rubros de los ministerios, siempre que ellos no perjudicasen
al buen servicio público ni alterasen la inversión de las rentas.
Fundándose en esta monstruosa facultad, el poder ejecutivo hasta
se ha considerado legaln ente autorizado para crear y suprimir empleos
con toda libertad. Recién en el prosupuesto de los tres últimos
años, ha reivindicado sus fueros mediante esta nueva redacción
del artículo de que nos ocupamos: «Siempre que no se trate
de crear ó suprimir empleos, de alterar los sueldos, ni de excederse
en las erogaciones, el poder ejecutivo podrá hacer en el presupuesto
general de gastos las trasposiciones necesarias sin perjuicio
del servicio público, dando cuenta á la asamblea de acuerdo
con el artículo 82 de la constitución».
Todas las formas de fiscalización parecen olvidadas. Establece
la constitución de la república que el poder ejecutivo debe rendir
anualmente cuenta instruida de la inversión de las rentas y que
la asamblea tiene la facultad de aprobar ó reprobar esas cuentas-
Por regla general, el poder ejecutivo presenta las cuentas de cada
ejercicio y pasan éstas á la comisión de cuentas del cuerpo legislativo,
en cuya oficina existe un personal técnico numeroso y
competente que hace el estudio y acumula materiales que jamás
llegan á la cámara y que se pierden en las carpetas de la comisión
dictaminante. Establece también la constitución que «abiertas
las sesiones de las cámaras, será obligación de los ministros
dar cuenta particular á cada una de ellas del estado de todo lo
concerniente á sus respectivos departamentos». A pesar de la cía-