Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

82 Anales de la Universidad
edificios públicos con el producto de una parte de las tierras. Y
otra finalmente del doctor Alberto A. Márquez, que establece que
en lo sucesivo no se admitirán denuncias para la enajenación de las
tierras fiscales, á fin de conservar las existentes como capital sufragante
de los gastos que demandará el catastro de la república^
cuya operación se realizará después de dictarse una ley de tierras
que tenga en cuenta la buena ó mala fe del poseedor, la duración
de la posesión, etc., come medio de acordar derechos á los poseedores
legítimos y dirimir los conflictos que surgirán de las operaciones
catastrales entre el derecho ó interés del fisco y el derecho
ó interés del poseedor. Después de un ligero debate, aprobó
el congreso la primera de esas tres proposiciones y dictó una complementaria
declarando que es conveniente que se dicte una ley de
tierras públicas, de conformidad con la promesa hecha en el ya citado
artículo 1168 del código civil.
Surgieron, como se ve, en el seno del congreso ganadero-agrícola,
dos tendencias antagónicas: la que constituye las tierras fiscales
en fuente de grandes recursos para el estado y la (jue considera
que el poseedor de cierto número de años debe ser declarado
propietario, sin otro desembolso que el de los gastos de mensura y
escrituración de la tierra que posee. Esas tendencias tenían dividida
la opinión antes del congreso y la tienen dividida hoy mismo,
pudiendo atribuirse al antagonismo que existe entre ellas, la demora,
aparentemente inexplicable, en cumplirse la promesa contenida
en el código civil. Entre las dos soluciones, no es ni puede
ser dudosa la elección, en nuestro concepto. Todos los que hayan
ocupado por sí ó sus causantes un campo fiscal por más de treinta
años, son dueños de ese campo, y así debe declararlo la ley interesada
en dar estabilidad á la propiedad, en poner término á incertidumbres
y temores que deprecian la tierra y rebajan también el
rendimiento de los impuestos. A los que afirman que el estado renunciaría
por esa solución á una importante fuente de recursos, á
casi todas las tierras fiscales, desde que tienen que ser raros los
que no cuenten una posesión de treinta años, les contestaremos
que semejante pérdida quedaría ampliamente compensada por las
ventajas que ofrece la consagración del derecho de propiedad, la
seguridad de que nadie va á perturbar al poseedor. Entre esas ven-