Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

94 Anales de la Universidad
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nuevos como el nuestro, donde los ferrocarriles son causa creadora
de la población y del comercio que mientras no nacen y se forman
no pueden alimentar la vida de aquellas empresas, allí donde
el estado tiene que garantir y pagar fuertes interés á los capitales
empleados en ferrocarriles, para hacer posible su construcción, el
criterio aconsejado por la razón y aceptado por la absoluta mayoría
de las naciones que se encuentran en el caso de la nuestra, es
el de construir ferrocarriles por cuenta del estado, por medio de
empréstitos, cuyo interés y amortización se paga con lo mismo y
aun con menos de lo que en razón de garantía hubiera sido necesario
pagar á una empresa particular. Así por ejemplo, nuestra ley
de ferrocarriles garante á las empresas constructoras el 7 % sobre
el capital empleado á razón de cinco mil libras esterlinas por kilómetro
y por el término de cuarenta años. Mientras que el estado
puede construir hoy por su cuenta las líneas que quiera, emitiendo
títulos de 6 % de interés y 1 % de amortización, garantidos por
las mismas líneas, de colocación segura y ventajosa. Esos títulos
no se colocarían á la par, por ahora al menos, lo qae haría que su
depreciación aumentase el costo de la vía; pero este exceso estaría
compensado por el menor costo real de la misma; en vez de ser
de cinco mil libras esterlinas el kilómetro, no sería nunca mayor
de cuatro mil á cuatro mil quinientas libras esterlinas, según lo
demuestran las diversas propuestas que en ese sentido y en esas
condiciones ha recibido el gobierno. Con ese servicio de interés y
amortización, igual al de la garantía que hoy paga el estado, los
títulos emitidos quedarían amortizados ÍÍ los treinta y tres años;
es decir que da una economía de siete años de servicio de garantía
sobre el sistema actual. Pero con esta otra ventaja más decisiva:
que los ferrocarriles serían desde el primer día propiedad del
estado, que podría enajenarlos ó explotarlos, según lo entendiera
más conveniente, mientras que por el sistema actual paga ese mismo
7 ^/Q durante cuarenta años, para que al cabo de ese tiempo
los ferrocarriles queden de propiedad de las empresas constructoras».
¿Cumpliéronse tan halagadoras promesas? Al año siguiente de
sancionada la ley, en febrero de 1889, el poder ejecutivo celebró
el contrato de construcción, por cuenta del estado, del ferrocarril