Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

296 Anales de la Universidad
teórica de la cuestión de competencia; él tiende á reivindicar
las atribuciones prácticas de la Administración; á
poner en sus manos la decisión efectiva de los litigios que
le pertenece decidir; por eso es preciso que tal fin pueda
ser perseguido mientras que un obstáculo superior resultante
de la cosa juzgada no se oponga á ello; y de ahí se sigue
que la cosa juzgada debe entenderse en el sentido de que
haya puesto irrevocablemente término al litigio reclamado
por la Administración' .
5.—Establecido que el conflicto debe ser posible en primera
y segunda instancia, la única limitación que al respecto
es necesario agregar, es la de que no ha de haber sentencia
irrevocable sobre el fondo del asunto.
Así lo dispone nuestro artículo y se explica, porque desde
que existan sentencias irrevocables, no es posible desconocerlas
á título de conflicto. Se ha pretendido lo contrario, se
ha dicho que siendo de orden público la incompetencia por
materia, ninguna prescripción, ningún lapso de tiempo pueden
borrar el defecto radical de las decisiones viciadas por
dicha causa; que las partes, ni con su silencio ni con su consentimiento
pueden atribuir á la autoridad judicial, poderes que
ésta no tiene por la ley. No obstante, con toda verdad se ha
opuesto á ese razonamiento el principio de la cosa juzgada
que cubre todos los defectos y da fuerza indestructible á todos
los juzgamientos contra los cuales no cabe ya ningún
recurso legal. Por esto no podría, pues, oponerse el conflicto
después de dictada sentencia ejecutoria, salvo el caso prescrito
al final del artículo siguiente, en el cual no puede promoverse
antes.
ARTÍCULO 267
Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior el caso
previsto en el 262 que se regirá por lo que allí se dispone
y aquel en que el conflicto fuese promovido por las sentencias
de segunda instancia, en cuyo supuesto se promoverá
dentro de los diez días de notificada.