Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad
G7
sociedades anónimas se disuelvan necesariamente cu el caso do
pérdida del setenta y cinco por ciento del capital integrado, cuando
no alcance á suscribirse á lo menos el veinte por ciento del capital
autorizado ó no pueda cobrarse el veinticinco por ciento del
capital suscrito dentro del plazo que fijará el poder ejecutivo en
el decreto de concesión; que una vez decretada la liquidación judicial,
nombrará el juzgado de comercio dos síndicos entre los doce
mayores acreedores personales no privilegiados según resulte de
los libros, quienes presentarán dentro de los treinta días un balance
de les negocios sociales, un inventario estimativo, una lista
de acreedores, un informe sobre las causas de la liquidación y
solvencia de la masa; que presentado el informe de la referencia se
convocará á junta de acreedores, pudiendo presentarse en esa
oportunidad propuesta de concordato que sólo tendrá homologación
judicial^ en el caso de ser aceptada por tres cuartas partes de
la totalidad de los créditos personales no privilegiadas; que toda
sociedad anónima puede evitar la declaración de liquidación judicial
por la concesión de moratorias ó por la celebración de un
concordato preventivo, suscrito ó aceptado por las tres cuartas
partes de la totalidad de los créditos personales no privilegiados;
que los directores y administradores de sociedades anónimas que
cometan fraudes, simulación, infracción de estatutos ó de una ley
cualquiera de orden ptíblico, sufrirán la pena aplicada á los quebrados
fraudulentos por el código penal; que todas las disposiciones
sobre sociedades anónimas son aplicables á las instituciones
bancarias constituidas en forma anónima, con las siguientes modificaciones:
que después de resuelta la liquidación definitiva, puede
resolverse, mediante el voto de las tres cuartas partes de los créditos
personales no privilegiados, que se entregue á los acreedores
certificados al portador que servirán para chancelar los créditos á
favor del banco; que tratándose de instituciones emisoras, después
de resuelta la liquidación judicial, el poder ejecutivo nombrará un
delegado que en unión de los síndicos se incautará del numerario
y valores suficientes para responder al pago de los billetes; que
los bancos de emisión sólo podrán gestionar el concordato preventivo,
justificando que tienen en caja numerario suficiente para la
conversión total de los billetes.