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Los toros josefinos
varon a su decaimiento. Realmente, no estaba el horno para bollos, ni para tafetanes
la Macarena, como diría un castizo de la época.
El omnímodo Godoy tenía ya problemas serios con el pueblo en el albor del
nuevo siglo. Antes, en 1792, el antigodoyismo se había dejado notar, a la caída del
Conde de Aranda, a través del “partido aragonés” que declaró al valido su inquina
oficial; y en el llamado “Motín del globo”, un incidente surgido con motivo del
vuelo del primer globo Montgolfier, que de anecdótico pasó a ser muy significativo.
El mocetón extremeño recelaba y temía la influencia de los aires de la
Revolución Francesa en el alma de las crispadas multitudes que podían reaccionar
con motines, revueltas y algaradas en las plazas de toros creando una efectiva oposición
a su política. Y como quien evita la ocasión evita el pecado, basándose en
anteriores prohibiciones religiosas y civiles -poco o nada efectivas como se ha
visto-, pensó él en hacer lo mismo; pero pensó hacerlo como el “hortelano”, sin dar
la cara, es decir, buscando quien la diera ante el rey y ante el pueblo permaneciendo
él a la sombra en el manejo de los hilos, para no incrementar la enemiga que el
pueblo le dispensaba. Pronto encontró quien lo hiciera en la persona del conde de
Campomanes quien llevó la gestión con la mayor diligencia dirigiéndose al Consejo
de Castilla en solicitud de “abolir un espectáculo no muy conforme a la religión, a
la política y a la decencia”, en un voluminoso expediente.
El Gobernador del Consejo, conde de Montarco, emitió un extenso informe contrario
a la celebración de estas fiestas en el que entre otras cosas se ponía de manifiesto
“la ineptitud de los lidiadores que habían sucedido a los famosos de épocas anteriores
(14)”; y aunque el fiscal en su dictamen se mostró partidario acérrimo del espectáculo
y defendió con buenos argumentos los “beneficios que podía reportar su tolerancia”, el
Consejo en pleno suscribió la opinión de su Gobernador, y el rey, de conformidad, suscribió
la Real Cédula expedida en Aranjuez a 10 de febrero de 1805, denegando la concesión
de las licencias que estaban pendientes y “Prohibiendo absolutamente en todo
el Reyno, sin excepción de la Corte, las fiestas de Toros y Novillos”.
En ella se argüían razones “ilustradas” de economía porque, demagógicamente, se
decía que las fiestas de toros se suprimían “Al ser espectáculos que al paso que
resultan poco favorables a la humanidad que caracteriza a los españoles, causan un
conocido perjuicio a la agricultura, por el escollo que ponen al fomento de la ganadería
vacuna y caballar, y al atraso de la industria por el lastimero desperdicio de
tiempo que ocasiona en días que deben ocupar los artesanos en su labores”. ¡Pobre
Godoy...! La suerte estaba echada. La supresión duraría los años de 1805, 1806 y
1807 para ser saltada a la torera -a la francesa, más bien- en 1808 con la llegada de
los gabachos.
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