Evasión y equidad final_corregido - Cepal

CEPAL – Colección Documentos de proyectos Evasión y equidad en América Latina
máxima la utilidad de los miembros de una sociedad que, a veces, se ha expresado como el objetivo de
“crear la mayor felicidad para el mayor número”, y a aquellos que toman como objetivo maximizar la
situación de quienes están en peor situación en la sociedad. A esto último responde el criterio
“maximin” defendido por J. Rawls (1971) y que, en cierto modo, puede ser interpretado como una
aversión total al riesgo, en la medida en que se considera que todos los ciudadanos apoyarían este
criterio ante la hipótesis de encontrarse en la escala más baja de la distribución de la renta.
Una vez repasados en forma sintética los diversos conceptos de equidad que suelen ser objeto
del debate político y social, conviene recordar que la equidad no se limita sólo al ámbito tributario
sino que se proyecta también sobre otros campos de la intervención pública como son la provisión de
servicios públicos o las actividades de regulación. En el entorno del gasto público, la equidad implica
procurar garantizar un trato adecuadamente ajustado a las circunstancias de los ciudadanos, para
intentar asegurar estándares de bienestar aceptados socialmente. Aunque más recientemente, también
desde la economía se han realizado diversos esfuerzos para aplicar los criterios y las técnicas de los
análisis clásicos de la equidad impositiva al campo del gasto público.
Del mismo modo, cada vez interesan más las cuestiones vinculadas con los resultados de la
acción total de los poderes públicos, especialmente a través de los diversos tipos de ingresos y gastos
públicos que se recogen en el presupuesto 3 .
No obstante, y de fundamental importancia para este trabajo, el principio de equidad tiene una
clara conexión con el sistema tributario y ha sido objeto de especial atención en ese ámbito. El
principio de equidad impositiva, a su vez, hunde sus raíces en dos criterios básicos que pretenden
justificar la aplicación y el reparto de los impuestos: el criterio del beneficio (conectado con las
corrientes utilitaristas), que alude a la necesidad de establecer los tributos en función de los beneficios
que los individuos obtienen de los poderes públicos y, en este sentido, guarda una estrecha relación
con la vertiente del gasto; y el criterio de capacidad de pago, que pone el énfasis en la capacidad
económica de los sujetos para repartir las cargas impositivas, fundamentado en las teorías del
sacrificio igual que, a su vez, sirvieron para justificar la aplicación de criterios de progresividad. A
éste se refiere una buena parte de las reflexiones elaboradas sobre la equidad impositiva.
El principio de equidad, o de justicia en la aplicación de los impuestos es, sin duda, el
principio que más interés suscita cuando se plantea un proceso de reforma fiscal o se quieren analizar
las características de un sistema tributario. De acuerdo con este principio, el sistema tributario tiene
que ser equitativo en la distribución de las cargas fiscales entre los distintos sujetos que forman la
colectividad, acomodándose a sus diferentes circunstancias. Trata, pues, de concretar una idea de
justicia en el ámbito tributario, que se vincula con la función de redistribución de la renta y la riqueza
que debe desarrollar el sector público.
Este principio podría formularse mediante la afirmación de que “todas las personas deben
contribuir en la misma forma al sostenimiento de las cargas públicas”. De aquí se desprenden de
manera inmediata los dos criterios en los que se ha acostumbrado a concretar su aplicación: equidad
horizontal (“trato igual a quienes se hallen en igualdad de circunstancias”) y equidad vertical (“trato
adecuadamente desigual a quienes se encuentran en circunstancias distintas”). En este sentido, el
principio de equidad podría servir para sintetizar de algún modo, los principios político-sociales o
éticos a los que se refería Neumark en su conocido trabajo, “Los principios de la imposición”; es
decir, los de generalidad, igualdad, proporcionalidad y redistribución.
Conviene recordar en todo caso, que su puesta en práctica reviste mayores dificultades, en la
medida en que se hace preciso llenar de contenido conceptual ideas tales como igualdad o desigualdad
de trato o de circunstancias, además de valorar en qué medida se espera que el sistema fiscal
contribuya a la consecución de objetivos redistributivos determinados. Desde la consolidación de los
impuestos sintéticos sobre la renta, el objetivo de garantizar la proporcionalidad de los sistemas
tributarios (que todos paguen en proporción a las rentas que obtienen), fue sustituido por el de
3 Ver J. Martín (1997).
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