Evasión y equidad final_corregido - Cepal

CEPAL – Colección Documentos de proyectos Evasión y equidad en América Latina
del impuesto a la renta y el contribuyente continuará pagando aproximadamente lo mismo 141 que antes
de la Reforma. Por tanto, la filosofía del impuesto es que cada hectárea debe tener esta rentabilidad
mínima de US$31,4.
El propósito principal del impuesto, según el gobierno, es combatir la alta concentración de la
tierra en Ecuador. En efecto, de acuerdo al Censo Agropecuario, sólo un 15,5% de las unidades de
producción tienen una superficie de más de 20 hectáreas pero concentran el 80% de la superficie de
tierras productivas. Para evitar el impuesto, los propietarios de tierras ociosas se verían empujados a
su venta, fomentándose así su desconcentración y redistribución.
La superioridad teórica de los impuestos finalistas como éste es innegable. Pero su gran
problema es la aplicación práctica porque, por ejemplo, deberían distinguirse los diferentes tipos de
suelos –y forzar al pago mínimo a quienes estuvieran por debajo de la productividad media del suelo
en el que producen– y diferenciar entre extensiones –de modo de reconocer la existencia de economías
de escala y dar mayor progresividad al impuesto–.
Debe tenerse en cuenta, además, que este impuesto nacional se solapa con el impuesto a la
propiedad de predios rurales que cobran los municipios.
C.2.2 Impuestos al patrimonio que cobran los municipios
La recaudación de impuestos al patrimonio de los municipios fue, en promedio, 0,29% del
PIB en el período 2001-2007, representando el 61% del total de los impuestos al patrimonio que se
cobraron en el país. Los impuestos al patrimonio que cobran los municipios en Ecuador son cinco: a
los predios urbanos, a los predios rurales, alcabala, a los activos totales y a los vehículos 142 .
La recaudación del impuesto a los predios urbanos fue, en promedio, 0,12% del PIB en 2001–
2007, representando un 29% de los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales pero solo un
3% de sus ingresos totales.
Este impuesto, de exclusiva financiación municipal, grava la propiedad de los predios –el
suelo más las edificaciones en él realizadas– ubicados en zonas urbanas. El valor catastral de los
predios debe coincidir con los precios de mercado, y la Ley Orgánica Municipal prevé que las
municipalidades realicen cada bienio, con carácter obligatorio, actualizaciones de sus catastros 143 .
Los predios con un valor inferior a US$ 5.000 144 están exentos del pago del impuesto. La tasa
aplicable la decide cada municipio dentro de un rango determinado por la Ley Orgánica Municipal,
que va del 0,25 por mil al 5 por mil.
Las disposiciones hasta aquí comentadas fueron introducidas por la reforma de septiembre de
2004 (Ley 44/2004), que exigió a los municipios la actualización de sus catastros antes de diciembre
de 2005. La aplicación de las nuevas tasas sobre los valores ajustados de las propiedades tendrá lugar
141 Se dice aproximadamente porque el impuesto no se aplica a todas las hectáreas sino a aquellas que sobrepasen las 25.
142 Si bien la tarifa del impuesto municipal a las patentes (véase Ley Orgánica Municipal codificada, artículos 363 a
367) se determina en función del “capital”, se considera que igualmente constituye un impuesto sobre el permiso
para realizar una actividad económica, por lo que no se incluye aquí dentro de los impuestos al patrimonio. Por otra
parte, en una definición amplia de imposición al patrimonio también podrían incluirse las contribuciones por
mejoras, tributos vinculados a las obras y servicios públicos que pretenden recuperar total o parcialmente su costo
gravando a quienes percibieron el beneficio (localizado) de las mismas. (De Cesare y Lazo, 2007). Aquí, no
obstante, se prefirió no considerarlas porque no se pudo identificar con precisión su monto. Por ejemplo, de
acuerdo a información del MEF (2008 a), en el año 2005 totalizaron US$ 41 millones, la misma recaudación que el
impuesto predial urbano, pero en el año 2007 no figuran.
143 Véase artículo 308.
144 La Ley Orgánica Municipal codificada establece este límite (en el artículo 326) como “25 remuneraciones mensuales
básicas mínimas unificadas del trabajador en general”, cuyo valor es de US$ 200 desde el 1 de enero de 2008.
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