Evasión y equidad final_corregido - Cepal

CEPAL – Colección Documentos de proyectos Evasión y equidad en América Latina
de los bienes inmuebles, urbanos o rurales, mediante una escala progresiva de tipos impositivos y
valores gravados, según se puede ver en el siguiente cuadro.
CUADRO VII.7
TASAS DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES
Valor del inmueble 0–Q2.000 Q2.000–Q20.000 Q20.000–Q70.000 Q70.000–
Tasa impositiva Exentos 2 x millar 6 x millar 9 x millar
Fuente: Elaboración propia basada en Ley del IUSI.
El destino de la recaudación del Gobierno Central que provenga de los tramos impositivos del
6 ó 9 por millar, se distribuye el 25% para el Gobierno Central y el 75 por ciento para las municipalidades
en cuya jurisdicción esté ubicado el bien. La recaudación proveniente del tramo impositivo del 2 por millar,
se traslada en su totalidad a las municipalidades que registren el bien inmueble.
Están exentos del pago del IUSI: el Estado, entidades descentralizadas y autónomas y
municipalidades y sus empresas; Misiones Diplomáticas y Consulares; Organismos Internacionales de
los cuales Guatemala forme parte; Universidades; Entidades religiosas; Centros Educativos Privados;
Colegios Profesionales; Confederación Deportiva Autónoma y Comité Olímpico Guatemalteco; los
inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas; y Zonas francas.
d. Aspectos administrativos del IUSI con incidencia en materia distributiva
La normativa vigente del IUSI proporciona una débil base jurídica para registrar y actualizar
el valor de los inmuebles, lo que constituye un serio obstáculo para aumentar la recaudación. El caso
más reciente es la iniciativa de la municipalidad de Guatemala que está intentando introducir, por
medio de sistemas modernos de catastro, una revaluación general de los inmuebles localizados en su
jurisdicción 295 pero este proceso ha sido obstaculizado temporalmente por los recursos presentados
por los contribuyentes ante la CC 296 .
Algunos gobiernos locales han optado por otras modalidades previstas en la ley para
actualizar el valor de los inmuebles, en especial se ha convocado a los vecinos a presentar
autoavalúos, sin que de momento se conozca con certeza las metodologías que se han adoptado ni los
resultados obtenidos. Además, un número importante de inmuebles no está registrado para efectos
impositivos, como por ejemplo, los casos de inmuebles localizados en áreas estatales de reserva que al
amparo de leyes específicas han sido otorgados a particulares en concepto de usufructo.
Por su parte, la parte del IUSI administrada por el Gobierno Central también presenta
debilidades hasta el momento, en especial por las serias deficiencias en cuanto a disponer de un
catastro actualizado, bases de datos no elaboradas técnicamente con errores y omisiones, valuación
inadecuada de los inmuebles, cobros irregulares y mala atención al público. En la práctica el Catastro
Fiscal, cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Finanzas y en las municipalidades que
administran el impuesto, es casi inexistente. Recientemente fue creado el Registro de información
catastral (RIC) 297 Mediante el Decreto 41–2005, el cual realiza un catastro físico y no uno “Fiscal”
295 El Consejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala aprobó en 2001 nuevas tablas de valores para los
inmuebles sobre la base de que, en función del método de autovaluación, éstos están registrados a sólo el 10% ó
20% del valor real.
296 Este Acuerdo fue impugnado legalmente sobre la base del artículo 239 de la Constitución de la República, que
establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y
extraordinarios y determinar las bases de la recaudación.
297 De acuerdo con Sureda (2007), el importante proceso catastral iniciado en Guatemala mediante el RIC, procura dar
respuesta a un serio problema de delimitación y titulación de la propiedad existente en el país. Por ello trabaja en la
realización de catastros que atienden los aspectos físicos y jurídicos de los inmuebles a efectos de definir con
precisión el tamaño y los límites prediales de los inmuebles y en coordinación con el Registro General de la
Propiedad, otorgar la titularidad de estos a sus ocupantes.
271