Evasión y equidad final_corregido - Cepal

CEPAL – Colección Documentos de proyectos Evasión y equidad en América Latina
progresividad (que paguen proporcionalmente más quienes más ingresos obtienen o tengan una mayor
capacidad económica). Y, una vez asumido el criterio de progresividad, la tarea del legislador
consistirá en determinar el nivel adecuado de progresividad del sistema impositivo, en relación con los
citados objetivos y políticas.
En todo caso, parece importante insistir en el criterio de generalidad en el reparto de las
cargas impositivas, por las implicaciones que tiene desde la perspectiva del concepto de ciudadanía.
Todos los individuos participan en la financiación de los servicios públicos a través del pago de
diferentes figuras tributarias, unas más explícitas (impuesto sobre la renta, impuesto sobre bienes
inmuebles o predial) y otras más opacas (la imposición indirecta, en general) y es importante que los
ciudadanos lo sepan. Sólo de ese modo pueden demandar servicios de calidad y una actitud firme de
los gobiernos para garantizar la estabilidad social y económica. Cuando los individuos pagan
importantes cargas públicas y son conscientes de que lo hacen, pueden demandar servicios públicos
adecuados y, de ese modo, sentirse miembros activos de la sociedad en la que viven.
En particular, en el campo de la imposición personal sobre la renta, la elevación de los
mínimos exentos puede plantear el problema de la ficticia exoneración del tributo a una parte de la
población, lo que puede dar lugar a un cierto dualismo social (unos pagan y otros no). En realidad,
todos pagan impuestos personales y por eso el esfuerzo de la administración tributaria para que todos
lo sepan, es una manera moderna de hacer efectivo el principio de generalidad y de conseguir
sociedades cohesionadas e “incluyentes”.
El otro gran principio de la imposición, el principio de suficiencia, es el que constituye la
primera justificación de cualquier reforma tributaria. Las consideraciones de equidad carecen de
sentido si no se asegura la suficiencia del sistema. Hacen falta recursos para financiar los bienes y
servicios que deben ser provistos por el sector público y el sistema fiscal debe allegarlos
adecuadamente. El problema que siempre se plantea en relación con el principio de suficiencia, es su
carácter relativo. La suficiencia es un término subordinado a un objetivo o a unos fines que hay que
cumplir. Hacen falta recursos para financiar los servicios públicos, de modo que este principio
desplaza la atención desde los ingresos a los gastos. ¿Qué gastos deben financiarse? ¿Están todos
justificados? ¿Es eficiente la gestión de los servicios públicos? ¿Funcionan los mecanismos de control
y evaluación para garantizar la eficacia y la eficiencia del gasto público?
Tal vez la principal matización que habría que hacer respecto al principio de suficiencia es
que se trata de que el sistema fiscal financie servicios de calidad. En las sociedades con mayores
ingresos, los elevados niveles de presión fiscal, hacen que los ciudadanos sean crecientemente
conscientes de los impuestos que pagan, aunque esto también ocurre, de manera creciente, en
sociedades con niveles de presión fiscal más baja. En consecuencia, su preocupación por los servicios
públicos y la calidad de los mismos se ha convertido en una característica fundamental de las
sociedades modernas.
No obstante, en sociedades donde la presión fiscal es más baja, como en la mayoría de los
países de la región, el principio de suficiencia tiene connotaciones diferentes. En este caso, la
limitación de los recursos públicos disponibles dificulta atender las demandas ciudadanas de servicios
públicos y la necesidad de conseguir recursos se convierte en un prerrequisito de la equidad: ni desde
el lado de los ingresos, ni desde el del gasto público, el Estado suele tener capacidad para conseguir
objetivos redistributivos significativos. En este sentido, la suficiencia debe interpretarse más como un
criterio de búsqueda de fuentes para conseguir estándares de servicios públicos de calidad mínimo.
En todo caso, las consideraciones anteriores y el repaso efectuado sobre los diversos criterios de
equidad advierten de la preocupación por la justicia en las actuaciones públicas y de la búsqueda de
estándares de igualdad, asumidos socialmente, a través de políticas públicas que dispongan de recursos
suficientes y que permitan ajustar la distribución de la renta que se produce en el mercado con carácter
previo a la actuación del Estado, en función de las preferencias sociales de los ciudadanos.
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