Evasión y equidad final_corregido - Cepal

CEPAL – Colección Documentos de proyectos Evasión y equidad en América Latina
La versión actual de este impuesto corresponde al Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN),
que grava sobre el exceso de 1 millón de nuevos soles de activos netos. La tasa de este impuesto en
2007 y 2008 fue de 0,5%, pero a partir de 2009 se fija en 0,4%.
Una síntesis de las alternativas seguidas por los países analizados se puede encontrar en el
cuadro siguiente.
CUADRO I.8
TASAS DE LOS IMPUESTOS A LOS ACTIVOS, AL CAPITAL
O LOS INGRESOS BRUTOS
(En porcentajes)
2000 2001 2004 2008
Argentina 1,0 sobre activos 1,0 sobre activos 1,0 sobre activos
Ecuador
0,15 sobre
patrimonio neto b
El Salvador - n/a n/a n/a
Guatemala 1,5 sobre activos
0,2-0,9 sobre
inmuebles c y 3,5
sobre los activos d
México 1,8 sobre activos e 1,8 sobre activos e 1,8 sobre activos e
Perú - - -
50
1,0 sobre activos
superiores a 200.000
pesos a
0,15 sobre
patrimonio neto b
1,0 sobre activos 1,0 sobre activos
Derogado a partir del
2008
0,5 sobre el valor de
los activos superiores
al millón de soles f
Chile No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tanzi (2000) para 1986 a 2000 y Gómez Sabaini (2005).
Notas:
a
El impuesto a la renta se puede computar como pago a cuenta del impuesto sobre los activos.
b
1% de activos como pago adelantado del impuesto a las ganancias.
c
La base está formada por los bienes inmuebles pero el impuesto no está concebido como un impuesto a la
d
e
f
propiedad sino como un impuesto adicional a la ganancia de las empresas.
No hay impuesto al patrimonio neto en Guatemala, sin embargo, el impuesto a los activos (IEMA) grava a la tasa
de 3,5% de los activos o 2,25% de los ingresos brutos declarados en la declaración jurada del impuesto a las
ganancias del año anterior.
Impuesto mínimo a la ganancia de las personas jurídicas; acreditable contra el impuesto a la ganancia. El impuesto
a las ganancias es acreditable contra el impuesto a los activos brutos para evitar el problema de los inversores
extranjeros de acreditar contra los pasivos tributarios en su país de origen.
Se descuenta del impuesto a la renta que corresponde pagar.