2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
aquí por cuanto que se puede afirmar sin más que la lucha del ministerio
fiscal por el control de la policía ha ido dejando huella a lo largo su historia;
es más, es tan antigua como la institución misma. Esto no debe perderse
de vista si pretendemos hablar desde la perspectiva actual de la
contradicción existente entre la situación legal (I.) y la realidad del proceso
(II.) para ocuparnos finalmente de la llamada lucha preventiva contra la
delincuencia (III.).
I. La situación legal
1. Fundamentos
El ministerio fiscal está llamado a ejercer la acusación pública
(principio de acusación, § 152 I StPO) 4 . Está obligado a intervenir en
cualquier hecho penal perseguible, siempre y cuando haya indicios
suficientes, es decir, cuando exista lo que se llama una sospecha inicial
(principio de legalidad, § 152 II). Es quien decide acerca del resultado
final de la instrucción procesal en tanto que formula la acusación (§ 170
I) o – por razones de oportunidad (§ 153 y sgs.) o por motivos fácticos o
jurídicos (§ 170 II) – dicta el sobreseimiento.
Según la concepción normativa del ordenamiento procesal, el
ministerio fiscal debe, tal y como señala el Tribunal Supremo Federal
(Bundesgerichtshof), „garantizar el correcto transcurso de las
investigaciones y ejercer el permanente control jurídico de la actividad
de investigación policial ...; está obligado a ejercer la función de control
y dirección, ... la competencia exclusiva en la dirección material“ 5 . Según
el § 161 I primer inciso, primera alternativa, el fiscal puede incluso asumir
él mismo las investigaciones. Sin embargo, eso es sólo una posibilidad
teórica, pues no dispone de una policía judicial propia, tal como la
4 Parágrafos sin designación específica corresponden al Ordenamiento procesal alemán
(Strafprozeßordnung, StPO).
5 Bundesgerichtshof Strafsachen (Corte Suprema, asuntos penales = BGHSt), t. 34, pág. 215 (217);
la misma en NJW 1987, pág. 1033.