2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
hacia un creciente uso de la justicia consensuada, las jurisdicciones
angloamericanas parecen, a los ojos de los comentaristas, progresar
en dirección opuesta. Es importante, por tanto, llegados a este punto,
recordar brevemente el caso contra el acuerdo negociado discutido
en los Estados unidos y el Reino Unido.
4. CRITICAS A LA JUSTICIA CONSENSUADA
EN EL MUNDO DE COMMON LAW
Las críticas a la justicia consensuada han fracasado en dos
principales niveles. Por un lado, es vista como destructora de la
integridad del sistema y, por otro, como seriamente comprometedora
de la posición de los participantes. Trataré estas críticas por separado.
4.I. COMO DESTRUCTORA DE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA
La primera y más poderosa objeción a la práctica del pleabargaining
es que contradice completamente la presunción de inocencia
protegida por el articulo 6(2) de la Convención Europea de Derechos
Humanos (CEDH) y las declaraciones del proceso debido, establecidas
en la Fourth Amendment de la Constitución de los Estados Unidos.
Brevemente, si los acusados se presumen inocentes ¿cuál es la lógica
de penalizarlos por ejercer el derecho al juicio? (Baldwin & McConville
1977; Zander 1992). Es perfectamente aceptable para un acusado
renunciar voluntariamente a un derecho fundamental (como el derecho
a la presunción de inocencia hasta que el proceso ha sido rigurosamente
puesto a prueba), pero cuestión diferente es inducirle a hacerlo a través
de amenazas y penas. Como Ashworth lo expresa:
“Si hay un derecho fundamental a la presunción de inocencia
hasta probada la culpabilidad es, sin duda, equivocado que
del ejercicio de este derecho por alguien que posteriormente
es condenado en el juicio debiera resultar una sentencia mayor
de la que correspondería en caso de guilty plea”. (1998, p.288)
Los derechos, por naturaleza, deberían ser ejercitados y no sujetos
a penas. Igualmente, la presión institucional sobre el acusado para plead
guilty es seguro que destruye el privilegio contra la propia incriminación,