2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 191
Naturalmente, no todo el proceso penal puede ser oral, pero sí
predominantemente. La cuestión es que es en la vista o juicio oral en
sentido estricto (debate, vista principal, etc., el nombre es indiferente),
en donde se han de practicar las pruebas sobre los hechos alegados y
en donde se ha de pedir la condena o absolución de una persona, y ello
se hace oralmente ante el órgano jurisdiccional.
Consecuencia inmediata de esta afirmación, y aquí nos
enfrentamos ante un problema muy grave, es que ni uno sólo de los
actos de investigación practicados durante la instrucción del proceso
penal tiene valor probatorio alguno, no sirve para condenar ni para
absolver, sólo sirve para meritar si se acusa a una persona de un
determiando delito o no. Esto resta un enorme poder a la Policía, y ése
es el problema práctico más relevante que plantearía la unificación
internacional, porque las resistencias podrían llegar a ser «heroicas». Es
cierto que los casos límite (urgencia, flagrancia, prueba anticipada), tienen
una fácil regulación, pero los demás no, sobre todo aquéllos en los que
pueden resultar vulnerados derechos fundamentales (entrada y registro
domiciliario, intervención telefónica, injerencias corporales,
principalmente), en los que la Policía, por la contundencia del resultado
probatorio que se puede obtener, merece un control específico, al que
los poderes públicos, que deben vender en sus elecciones su contribución
a la seguridad ciudadana, se suelen negar, con mayor o menor descaro.
De la máxima general de la oralidad se derivan, a su vez, principios
muy interesantes, también fácilmente comprensibles e identificables
en el ámbito internacional. Destacaré el principio de publicidad, y dejaré
ahora el de inmediación y concentración.
El juicio oral, salvo excepciones previstas expresamente en la
ley, que tengan auténtica relevancia, interpretadas además
restrictivamente, debe ser público, ha de ser necesariamente público.
Publicidad significa dos cosas distintas: Publicidad para las partes de
los actos procesales, aunque en este caso estamos más bien ante el
principio de contradicción o defensa; y publicidad para terceros, para el
público en general, que es la verdadera publicidad.
Es evidente, al contemplar precisamente al público, al pueblo en
suma, que este principio tiene un trasfondo ideológico muy importante,