2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 167
de principio de oportunidad, ya en otro más estricto45 , sirviéndose para
ello de modelos diversos, singularmente el alemán y el norteamericano46 .
A partir de ahí, y dejando al margen otras medidas como las contenidas
en los supuestos de descriminalización o de despenalización, se han
acometido diversas reformas cuya última ratio es descongestionar la
administración de justicia penal47 .
Ciñéndome al caso español, y después de un intenso debate
sobre los riesgos de renunciar a la estricta aplicación del principio de
45 Conforme al primero, se entiende como aplicación del reiterado principio todo tratamiento
penal diferenciado del conflicto social representado por el hecho delictivo, esto es, tanto las
técnicas despenalizadoras cuanto las específicamente procesales. PLAGIERO, C.E., “Minima non
cura praetor” (Ipertrofia del diritto penale descriminalizzazione dei reati bagatellari)”, 1985;
BACIGALUPO, “Descriminalización y prevención” en Poder Judicial 1987, nº especial, II, p.14ss.
Con arreglo a un sentido más estricto, el principio de oportunidad se limita en el aspecto subjetivo
a los sujetos públicos, y desde el objetivo al marco del proceso, abarcando desde la obligación de
incoación ante todo conocimiento de una “notitia críminis” a su finalización a través de una
resolución, según lo previsto en la ley procesal penal.Los términos de la discusión sobre el juego
del par principio de legalidad-principio de oportunidad pueden resumirse como sigue. Los
partidarios de incorporar el principio de oportunidad alegan básicamente:1) razones de interés
social o utilidad pública en una triple vertiente : a) la falta de interés público en la persecución del
delito, por su escasa lesión social ; b) estimular la pronta reparación de la víctima ; y c) evitar los
efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad. 2) contribuir decisivamente a la
consecución de la justicia material por encima de la formal; 3) favorecer el derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas; y 4) constituir el único instrumento -desde una perspectiva eminentemente
práctica- que permite tratar de forma diferenciada los hechos punibles que deben ser perseguidos
en todo caso, y aquellos otros en que se considera que la mínima lesión social debe conducir a su
no persecución.En contra se utilizan un doble tipo de motivos. De una parte, aquéllos que atienden
al punto de vista constitucional y que se centran en la lesión del principio de igualdad y de la
administración de justicia como función encomendada exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.
De otra, los que rechazan el principio de oportunidad bajo la acusación de poner en peligro los
logros que conlleva la estricta sujeción al principio de legalidad; especialmente, el efecto
conminatorio de la sanción penal o la seguridad jurídica implícita en la certidumbre de que todo
hecho que revista los caracteres de delito será perseguido en términos de igualdad.
46 El primero, desde una perspectiva que incide primordialmente en el marco de la llamada
“criminalidad bagatelaria” y a través de la aplicación de los parágrafos 153 y 153a StPO. Véase al
respecto: ARMENTA DEU,T, “Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y
España”, Barcelona, PPU, 1991. La innegable influencia anglosajona y más específicamente
norteamericana se deja notar en las incorporaciones de las diversas variantes de la conformidad
(“plea bargaining”). Prueba incontestable de esta influencia son las últimas reformas procesales
penales acaecidas en Portugal (Decreto Ley 78/87, de 17 de febrero) e Italia (Decreto nº 447/448
y 449, de 22 de septiembre de 1988).
47 La reforma del Código Penal de 1983, previa al nuevo Código Penal de 1985, que modificó
sustancialmente el Libro III, destipificando númerosas conductas anteriormente contempladas como
faltas. Simultáneamente, sin embargo, no se efectuó la necesaria remisión –previa creación y
regulación- a un código de sanciones administrativas, al modo del modelo aleman de las
“contravenciones administrativas” (“Ordnungswidrigkeit”). Con mayor extensión, mi trabajo “El proceso
penal: nuevas tendencias, nuevos problemas” en “Poder Judicial”, 1996 (1), p. 53ss.