2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 161
sometiéndola a contradicción y ; habiéndose obtenido sin vulneración
de derechos fundamentales35 .
El acuerdo concurre de nuevo al tratar de la necesidad de articular
un medio procesal en virtud del cual se revisará toda resolución
condenatoria, o de garantizar la publicidad de las actuaciones, la oralidad
y la inmediación.
3) La llamada doble instancia. Como es conocido la instancia
única forma parte de las notas características de un sistema acusatorio,
siendo, además y por otra parte, lo apropiado a un proceso en el que
también rige el principio de libre valoración de la prueba y el de oralidad.
Fue precisamente el sistema de instancia única el instaurado en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y el que pervive todavía para el proceso
ordinario por delitos graves, cuya resolución es susceptible únicamente
de recurso de casación, si concurren los motivos y presupuestos al efecto.
La aplicación de los Tratados Internacionales suscritos por España entre
los que figura el derecho a una segunda revisión jurisdiccional de todo
veredicto de culpabilidad condujo, no obstante, en 1988 a que en la
reforma introductora del proceso abreviado se incorporara la doble
instancia a través del recurso de apelación frente a las resoluciones
tramitadas por este procedimiento y resueltas por el juez de lo penal36 .
Las normas internacionales, por otra parte, han sido incorporadas
a través de la doctrina del Tribunal Constitucional en virtud del art. 10.2 de
la CE y en conexión con el art. 24.1 del propio Texto Constitucional donde
se reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art.
24.1 CE en su vertiente de “derecho al recurso”. La jurisprudencia
35 Es decir, no pudiendo calificarse como “prueba prohibida”. Vid. FERNANDEZ ENTRALGO, J,
“Las reglas del juego. Prohibido hacer trampas: La prueba ilegítimamente obtenida” en el Curso
sobre “La prueba en el proceso penal”, “Cuadernos del CGPJ”, 1996, p.55ss; URBANO CASTRILLO,
“Prueba ilícita en particular”, ibidem, p.211ss; VEGAS TORRES, J. “Prueba ilícita en particular (II):
La ilicitud de la diligencia de entrada y resgistro en lugar cerrado y sus consecuencias”, ibidem,
p.293ss; y VELASCO NUÑEZ, E. “Prueba obtenida ilícitamente. Doctrina del “fruto del arbol
envenenado”: Correcciones actuales y tendencias de futuro”, en el curso sobre “Medidas restrictivas
de derechos fundamentales”, Cuadernos del CGPJ, 1996, p.425ss
36 El protocolo nº 7 del C.E.D.H. y el art. 14.5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles señalan
que: ”toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.