2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 237
5. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA JUSTICIA CONSENSUADA
Los argumentos de aquéllos que aprueban el sistema, quizás la
gran mayoría de los practicantes, no deben ser ignorados. El Chief
Justice Burger describió con éxito en 1970 las catastróficas
consecuencias de la abolición del plea-bargaining, argumentando que
el incremento de juicios abrumaría el sistema:
“La consecuencia de lo que puede parecer el cambio en un
pequeño porcentaje en el índice de declaraciones de culpabilidad puede
ser tremendo.Una reducción del 90% al 80% de éstas requiere la
asignación de dos veces la mano de obra judicial y las facilidades
respectivas -jueces, reporteros de tribunal, alguaciles, funcionarios,
miembros del jurado y salas de juicios. Una reducción al 70% triplicaría
esta demanda”. (Citado en Palmer 1999, p.512)
Aunque se han hecho intentos para cuantificar los costes extra de la
abolición en recursos judiciales y tiempo de juicio27 el impacto exacto es
impredictible y propenso a variar de jurisdicción a jurisdicción. Se argumenta
que el plea-bargaining es efectivamente un sistema de mercado que permite
una gran flexibilidad en el manejo de recursos, permitiendo que el gasto del
proceso judicial se concentre en los casos intratables que desafían una
resolución consensuada o en aquellos de alto interés para la prensa y para
el público, que son importantes por razones políticas y jurisprudenciales.
(Guidorizzi 1998, p. 765). Esto tiene la ventaja de proteger a la victima de
las consecuencias infelices o posible “revictimisation” de dar prueba en
juicio y permitir a los acusados la oportunidad de demostrar en público su
reconocimiento libre de culpabilidad y su arrepentimiento. Esta forma de
“reintegrative shaming” es reclamada como un elemento esencial en la
rehabilitación del delincuente. (Braithwaite 1989). Así, el delincuente se une
e identifica con su delito convirtiéndose en parte activa y consintiendo en la
condena pública. En resumen, el guilty plea proporciona legitimidad a una
condena, legitimidad que podía no ser alcanzada por la imposición de una
pena fuera de la autoridad judicial.
27 Alschuler (in 1983) calculó el coste anual de proveer tres dias de juicios de jurado para cada
acusado por delito grave alcanzando la cifra de 843 millones de dolares. (Alschuler 1983, p. 938)