2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 177
interpretación del principio de oficialidad en relación con el acusatorio
ha llevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a desechar tal
posibilidad por no corresponder a una lectura constitucional del 729.2
LECrim, donde se regulan dichas facultades judiciales72 .
En relación al principio de oficialidad, debe significarse, que aun
cuando la dirección de la fase instructora se encomiende a un órgano
jurisdiccional no se cuestiona la vigencia del sistema acusatorio, siempre
que, claro está, no sea el mismo juez quien después juzgue. Aún así,
no cabe negar la enorme influencia del sistema norteamericano y las
reformas procesales reseñadas, hasta crear un verdero estado de
opinión a favor de la modificación del modelo español que traslade al
fiscal la dirección de dicha fase de instrucción. Se aduce que así se
salvaguardaría en mayor medida el repetido sistema acusatorio73 y se
propiciaría una mayor celeridad74 . Asimismo, se insiste en la
imparcialidad del órgano que se pronunciará sobre el fundamento de la
acusación y aquél que por imperativo constitucional debe intervenir en
todo caso a la hora de adoptar medidas cautelares limitativas de derechos
72 Sólo perviven dos especialidades en torno a la práctica de la prueba: el que el tribunal examine
por sí mismo, sin necesidad de que nadie se lo pida, los libros, documentos y demás papeles de
convicción (art. 726 LECrim.); la facultad del tribunal para alterar el orden de práctica de las
pruebas propuesto por las partes cuando así lo considere conveniente para el descubrimiento de la
verdad (art. 701,VI LECrim.), así como intervenir en el interrogatorio de los testigos (art. 708.2) o en
el del propio acusado (art. 700.2 LECrim.) Curiosamente, aun representando una excepción de
muy menor relevancia, las que se acabande señalar no presentan dudas en torno a la imparcialidad
del juzgador, siempre que se utilizen moderadamente (STS, 730/94, de 6 de abríl).
73 Aunque a fuerza de repetirse parece un argumento irrebatible, sigo entendiendo que el sistema
acusatorio bien entendido queda igualmente salvaguardado por el hecho de la división de nuestro
proceso penal en dos fases (investigadora y enjuiciadora), y en la atribución diferenciada de las
mismas a dos órganos judiciales.
74 Como el anterior suele ser un argumento reiterado, aunque no por ello, a mi juicio, más fundado
y evidente. No existiendo una mayor dotación –ni humana ni de medios- de la fiscalía frente a la
órganos jurisdiccionales, no alcanzo a imaginar los efectos aceleradores que se auguran. El Real
Decreto 23.21996 (Ar.972) amplia la plantilla de la Fiscalía intentando acomodarla a los cometidos
originados por la implantación del Jurado. Ello no obstante, la ratio fiscalía/jueces sigue sin ser
equiparable. Por otra parte, resulta especialmente ilustrativo un examen de las Circulares de
Fiscalía General del Estado y de las que allí se recogen y en las que reiteradamente se aborda la
cuestión de la presencia y actuación del fiscal en la fase de instrucción. En la de 1995 (p.726) se
desecha la posibilidad de atribuir la responsabilidad de la realización o dirección de la investigación
penal, por dos motivos: por ser una mera posibilidad y porque “las circunstancias de plantilla,
medios y despliegue territorial (..) hacen totalmente imposible su viabilidad”.