2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
la tremenda oposición que por parte del Poder político existe y existirá
en esta cuestión, pero hay que conseguirlo a toda costa si queremos
que exista en nuestros países una verdadera Justicia Penal. Para ello
habrá que empezar por establecer normas de responsabilidad de la
Policía claras y facilitar prudentemente a los ciudadanos su exigibilidad,
y luego habrá que crear un cuerpo auténtico de Policía Judicial,
desvinculada del Poder ejecutivo. Aquí las diferencias entre los diferentes
países son abismales y se me antoja muy complicada en estos
momentos una unificación en este sentido, salvo aspectos concretos
en que la colaboración internacional ya es una realidad fructífera.
La actuación principal de la Policía Judicial se circunscribe a la
fase de investigación del proceso penal, como es obvio, al ser su función
más importante investigar los delitos. Su formación jurídica es por tanto
un deber ineludible del Estado, porque de la corrección de su actuación
jurídica, independientemente del alto grado de preparación técnica
exigido, dependerá el éxito de la investigación. Ella debe saber
indubitadamente cuándo puede actuar y cuándo no (prueba prohibida),
cuándo puede detener y cuándo no (detención ilegal, habeas corpus),
cómo debe investigar (prueba inútil), qué enfoque táctico debe dar a
su actuación frente a la macrodelincuencia organizada (policía
infiltrado, testigos de auditur, actos complejos), y cuáles son los límites
de su actuación frente a determinados actos garantizados muy
importantes (escuchas telefónicas, injerencias corporales, entradas
y registros en morada ajena, etc.). El más mínimo error en estas
cuestiones puede significar el fracaso total de la investigación, el
fracaso más rotundo del Estado de Derecho en suma.
Y si atendemos a los países que ahora nos preocupan, la
formación jurídica de la Policía deja mucho que desear, de ahí el grave
peligro que se cierne sobre nuestras aspiraciones y las dificultades de
unificación que ello plantea.
C) La regulación de la toma de resoluciones que acuerden
diigencias de investigación y su valor jurídico:
El tercer y último gran tema que abordaré afecta a la relación esencial
entre los resultados probatorios obtenidos como consecuencia de la
investigación criminal, y su valor jurídico de cara a la sentencia que se