2001 - Escola Superior do Ministério Público

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224 Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 La investigacion de los hechos, sin embargo, muestra que las reglas son ampliamente desatendidas en la práctica, particularmente por jueces que ofrecen indicaciones codificadas de sus intenciones (Ashworth 1998, pp.281-2; Darbyshire 2000, p.900) y se da una fuerte presión tanto de la abogacía como del poder judicial en orden a permitir una relajación. 2.II PLEA BARGAINING EN LOS ESTADOS UNIDOS En contraste con la equivoca actitud tomada por los tribunales ingleses, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido con fuerza que el plea bargaining es un componente esencial de la administración de la justicia. 9 El número de oportunidades de charge, fact and plea-bargaining es mucho más amplio en los Estados Unidos que en Inglaterra y la complejidad de las negociaciones se limita sólo a la invención de las partes. Aunque el sistema del plea bargaining varía considerablemente de estado a estado, las principales diferencias con el procedimiento en Inglaterra son (a) que un nivel mínimo de sentencias es indicado ampliamente, (b) que en muchos estados de los Estados Unidos el fiscal puede hacer una recomendación al tribunal sobre la sentencia10 y (c) que en algunos estados los jueces, de forma rutinaria, participan directamente en las negociaciones y pueden hacer recomendaciones sobre la sentencia antes del plea. Todos estos factores ganan poder si estan en manos de los negociadores. En principio, antes de que un juez pueda aceptar un guilty plea, negociado o no, puede dirigirse al acusado personalmente, sobre el informe, y ser convencido de que la naturaleza y las consecuencias del plea son propiamente entendidas (Bradley 1999, p. 419). Sin embargo, acuerdos implícitos o pleas inducidos por la acción independiente del fiscal, pueden distraer la atención judicial (Giudirizzi 1998, p. 756) y, de acuerdo con Giudirizzi “los jueces raramente niegan acuerdos de pleabargaining, siendo cómplices de las recomendaciones de la sentencia 9 Santobello vNew York, 404 U.S. 257 (1971) 10 Pero no en casos Federales donde, desde los anos 80, el Federal Sentencing Guidelines determina niveles de sentencia.
Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 225 por el fiscal”.(ibid). En algún caso, se deben dar a conocer al acusado los elementos críticos de la acusación sobre los que versa su plea y la renuncia de ciertos derechos constitucionales que incluye. El juez debe estar convencido de que el acusado entiende las consecuencias de la sentencia y que el plea es enteramente voluntario. En los tribunales federales y en la mayoría de los estados, el juez tiene también la obligación de dirigir una breve indagación sobre la base del plea, a través de un interrogatorio al acusado o por medio de la petición de una declaracion de la prueba principal que el Ministerio Público hubiera aducido. Es perfectamente aceptable, como en Inglaterra, que un acusado se declare culpable por razones tacticas sin aceptar culpabilidad alguna. 11 3. JUSTICIA CONSENSUADA EN EL DERECHO CONTINENTAL EUROPEO La justicia consensuada no forma parte del sistema de escrutinio judicial, que tiene su origen moderno en el Código Napoleónico de Instrucción Penal de 1808. Ha sido con el entrada del abogado de la defensa en la Europa continental desde finales del siglo XIX en adelante cuando las estrategias consensuadas han sido teóricamente posibles. De hecho, su introduccion en la práctica ha sido relativamente reciente -en los años 70- y se ha visto impedida por tres formidables obstáculos, que son: la ausencia de algún equivalente funcional al guilty plea, la relativa debilidad de la defensa en relación al estado de la acusacion y el dominio de la fase pre-judicial por la investigación de los jueces. 3.I JUSTICIA CONSENSUADA EN FRANCIA Un exceso de cinco millones de casos son anualmente denunciados a la acusación (parquet) en Francia12 y, a pesar de la racionalización del procedimiento obtenida por las reformas de la “Securité et Liberté” en 198113 , la carga de trabajo para el sistema es todavía abrumadora. El 11 Alford v North Carolina, 400 U.S. 25 (1970). 12 Pradel (1990). op. cit., p. 11. 13 Ley de 2 de Febrero 1981.
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