2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
fundamentales (la prisión provisional, singularmente) 75 . Quienes se
oponen, o por mejor expresarlo no alcanzan a convencerse de las
superiores ventajas de tal sistema, entre los que me cuento, lo hacen
con argumentos como la naturaleza jurisdiccional de gran parte de las
actividades desarrolladas en la instrucción; la mayor idoneidad del órgano
que dirige la investigación para decidir sobre las medidas cautelares que
en ella se susciten 76 , y finalmente, que la sospecha de prejuicios que hoy
recae en el juez por ser quien investiga y debe decidir sobre la existencia
de acción penal (hechos presuntamente delictivos e imputado) se
trasladaría al fiscal, quien concentraría en su persona la investigación
sobre la concurrencia de tales hechos y sujetos y la decisión sobre el
ejercicio de la acción. La prevención que subyace en definitiva en el informe
de la Comisión Truche a la que me he referido antes 77 .
3) La potenciación de las facultades del órgano oficial de la
acusación: breve referencia a la acción popular.
75 Este es el argumento utilizado para la última reforma de la prisión provisional, prescribiendo la
necesidad de que la solicitud para adoptar dicha medida cautelar debe provenir necesariamente
de alguna de las partes acusadoras, debiéndose celebrar una comparecencia con carácter previo
a tal efecto. Si después de la misma ninguna de las partes solicita la prisión provisional, el juez
deberá ordenar cesar en la detención y poner en libertad inmediata al imputado (art. 504 bis 2
LECrim.). A mi juicio, si se trata de garantizar la imparcialidad en la adopción de la medida y
conjurar el riesgo de la desnaturalización e instrumentalización de la misma, lo más eficaz resultaría
articular un sistema de recursos de tramitación urgente y prioritaria, incorporando incluso la
contradicción y la necesidad de ratificación del auto de prisión o libertades provisionales
76 Garantizar la imparcialidad es sin duda un tema capital, pero no resta peso al argumento de la
mayor garantia en el enjuiciamiento por parte de aquél órgano que teniendo todos los datos se
forma un juicio adecuado a la hora de tomar una decisión tan relevante.
77 Ya hace bastante tiempo (1962), VIADA LOPEZ PUIGCERVER, en su “Curso de Derecho Procesal
penal” t.II, ponía de manifiesto el riesgo de que al atribuír la instrucción al fiscal, éste acumula en
sí los poderes del juez instructor y los suyos como acusador, quedando el equilibrio roto, y aunque,
como se ha propuesto, se atribuyera a otro fiscal las funciones acusatorias, el problema no haría
más que trasladarse, y surgirían cuestiones sobre su independencia. En palabras del propio autor :
el sistema de instrucción por el fiscal, que parece ser más ortodoxo con el sistema acusatorio,
oculta, en definitiva, si se refuerzan sus poderes, un sistema inquisitorial.
En atención a todas estas críticas, surgen hoy en día algunas propuestas orientadas a encomendar
la instrucción a la policía, al modo estadounidense u holandés, bajo supervisión del fiscal y
actuando el juez en el estricto ámbito de las medidas limitativas de derechos fundamentales y
actos jurisdiccionales. Esta posición, sin duda más radical aunque no por ello menos coherente, no
está exenta de riesgos, en atención fundamentalmente a la naturaleza de las actividades instructoras,
pese al límite constitucional de la intervención judicial en aquellas medidas que así lo requieran.
Vid. DE LLERA SUAREZ-BÁRCENA, E. “El modelo de investigación penal de la CE de 1978: los
papeles asignados al juez, al fiscal y a la policía judicial”, Rev. del MF, n.5.1998, p.97ss.