2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 175
los inicialmente señalados y que suponen en realidad dos caras de una
misma moneda: a) si debe extenderse la exigencia de imparcialidad al
órgano investigador, fundamentalmente en lo relativo a la adopción de
medidas limitativas de derechos fundamentales o de cualquier otra
índole que precise una actividad enjuiciadora, y b) si investigación y
juicio de acusación han de estar separados, o dicho de otra manera, si
la regla base del acusatorio (“quien instruye no puede juzgar”) ha de
extenderse a quien investiga, impidiéndole acusar. Las primeras de estas
interrogantes afectan tanto a los sistemas en que instruye un juez como
a aquellos en que lo hace un fiscal; la postrera sólo los segundos66 .
a) Principio de oficialidad. En España, el interés público a que
obedece la propia tipificación de las conductas y la vigencia del principio
de legalidad, conducen a la oficialidad: con la “noticia criminis” el juez
(303 y 308 LECrim.) debe incoar sumario para averiguar si concurren
o no circunstancias delictivas67 . Esta obligación, que se extiende al MF
como inspector directo en el proceso ordinario (art. 306 LECrim.) o con
carácter mas extenso en el procedimiento abreviado (art. 785bis
LECrim.), ofrece su polo opuesto en el “derecho de acceso“ del
ciudadano que presenta una querella, como derecho a una resolución
motivada sobre la calificación jurídica de los hechos68 .
66 Este fue de hecho uno de los temas claves del llamado “Informe de la Comisión Truche”. En el
mismo se resalta que mientras toda la tradición jurídicopolítica heredada de la Revolución
Francesa ha considerado que el equilibrio básico es la ya repetida separación entre instrucción y
juicio, hoy en día debe recaer también en la separación entre investigación y acusación, por una
parte, y la protección de los derechos del imputado, por otra. Vid. “Rapport de la Commission de
réflexion sur la justice (La documentation française)”, París, 1997. En Portugal, por ejemplo, a raiz
de la reforma de 1987, la investigación se encomienda al fiscal, la instrucción (control de la
actividad investigadora realizada) al juez de instrucción, y el juicio al juez “de julgamento”. Este
modelo, por cierto, es citado como referente inmejorable en la Memoria de la Fiscalía General del
Estado de 1996, al tratar sobre las facultades de investigación del Ministerio Fiscal, p. 651.
67 Esta circunstancia tildada con frecuencia de “residuo inquisitivo” ha sido prácticamente erradicada
en la realidad diaria. Dogmáticamente se considera, empero, manifestación de la oficialidad en
la fase instructora del proceso (art. 308; L.O.7/88, de 28 del 12; art. 780 if; y 789 LECrim.).
68Archivo directo, por no ser constitutivos de delito; sobreseimiento provisional, previas las
correspondientes diligencias; o, desarrollo de la actividad instructora hasta la constatación de la
perpetración del delito y la culpabilidad de los delincuentes (arts. 299 y 785 LECrim. ) supuesto en
que debe abrirse el juicio oral (STC 148/87). El derecho de acceso constituye , de esta foma, un
“ius ut procedatur” . Quien ejercita la acción en forma de querella no ostenta un derecho
incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal.