2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 205
atinentes a dicho fin, que se aplicaría en todos los países de la Unión
Europea, cuyas normas internas serían complementarias.
Los aspectos clave de la regulación que ahora nos interesan
afectan a la creación de un Ministerio Público europeo y a la organización
de la fase de investigación:
1) El Ministerio Público Europeo: Es la novedad esencial
probablemente. El órgano acusador será en principio el Fiscal europeo,
en régimen de monopolio y totalmente independiente. Estará al frente
el Fiscal General Europeo y tendrá bajo su mando a los Fiscales
Europeos Delegados y a los Fiscales nacionales.
Las autoridades nacionales están obligadas a colaborar con la
Fiscalía europea, que puede incluso delegar provisionalmente la ejecución
de determinadas materias en ellas, lo cual afecta especialmente a la
Policía. Pero, obsérvense las dificultades de unificación sólo en 15 países
europeos, que sea una figura totalmente independiente va a plantear
problemas de constitucionalidad en algunos países, como por ejemplo
España, en donde la Fiscalía está en relación jerárquica dependiente del
Gobierno (Ministerio de Justicia) desde un punto de vista orgánico.
De entre sus funciones, que asumen cualquiera de sus miembros,
la más importante es la de ser el responsable de la investigación criminal
dirigiendo la persecución penal, lo cual planteará también problemas
en aquellos países (como España) en los que instruye un Juez.
2) La fase de investigación: Se denomina legalmente «fase
preparatoria». Lo curioso es que el procedimiento en esta fase es
europeo, no nacional (a diferencia de la vista pública que tiene lugar
ante un tribunal nacional), y es además secreto, lo que también planteará
problemas de ajuste a la doctrina constitucional en algún país europeo,
como España, en donde el principio de contradicción se defiende de
manera incluso hipergarantista.
La puesta en marcha de la investigación se debe a denuncia, o
comunicación equivalente, de la existencia de un hecho punible de los
tipificados en el Corpus Iuris, formulada por una autoridad nacional
(Policía, Fiscalía, Juez de Instrucción o una autoridad interna fiscal o de