2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
constitucional ha perfilado su contenido en torno a las siguientes notas : a)
se circunscribe al campo del proceso penal; b) desde el punto de vista
subjetivo, corresponde sólo al condenado; y, c) desde el punto de vista
objetivo, se refiere únicamente al fallo condenatorio y no al resto de
cuestiones susceptible de dilucidarse en el proceso penal.
Esta última precisión tiene mucho que ver con lo que son los
dos problemas que presenta la regulación procesal penal a los efectos
de cumplir con el mandato del art. 14.5 del PIDC. De una parte, en la
realidad española coexisten tres procesos con doble instancia (el
abreviado, el del Tribunal del Jurado y el juicio de faltas) y uno de
instancia única (el ordinario por delitos graves); de otra, qué debe
entenderse por ese derecho a la revisión por otro tribunal, esto es, si
objetivamente abarca tan sólo el fallo condenatorio o si comprende el
enjuiciamiento de la primera instancia en su conjunto37 .
En la realidad práctica y hasta la fecha, el Tribunal Constitucional
ha reconocido la posibilidad de que la segunda instancia se articule a
través de un recurso diferente a la apelación, concretamente del recurso
de casación -a pesar de su carácter extraordinario- interpretando que la
repetida normativa internacional no impone un recurso determinado,
sino el que otro tribunal pueda fiscalizar la decisión penal condenatoria,
aunque sea limitadamente, ya que el art. 14.5 del Pacto no configura de
hecho un derecho a la doble instancia en sentido propio. Incluso, en los
casos en que por aplicación de reglas de competencia específica, como
los de “aforamiento” 38 , el sujeto no renuncia a esta condición, el Tribunal
Supremo entiende que se lleva a cabo una opción que justifica la falta
de una efectiva fiscalización posterior39 .
37 Vid. CALDERON CUADRADO, “El recurso de anulación penal”, Comares, 1995 y de la misma
autora “Apelación de sentencias en el proceso penal abreviado”, Comares, 1996.
38 Supuestos en que por razón del sujeto (Ministros, Diputados...) el conocimiento del proceso en
primera instancia corresponde al propio Tribunal Supremo, esto es, a la cúspide jurisdiccional.
39 En contra de tal integración, véase mi trabajo “El derecho a los recursos: su configuración
constitucional”, R.G.D.Proc. julio-agosto 1994. p.8105ss.