2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
acusación ante el órgano “ad quem” 7 . A partir de ahí, los principios y
derechos mencionados se configuran así:
A) Principio de igualdad. Sin estar mencionado en el art. 24
CE,el Tribunal Constitucional lo ha conectado con el derecho a la tutela
efectiva, el derecho de defensa, e incluso con el derecho a un proceso
con todas las garantías. Su vigencia presenta una doble intensidad en
las diferentes fases del proceso. En la instructora, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a partir de una concepción originaria de patente
desigualdad, provocada por el presunto criminal y de la que se
consideraba al mismo el único responsable, ha derivado hacia la
creciente ampliación del derecho de defensa y de la existencia de
contradicción en esta fase, diluyendo así esta idea primitiva y
acrecentando la igualdad de las partes acusadoras y acusada, a partir
del momento en que ésta última adquiere dicha condición de parte.
Esta última situación, convertirse en parte, surge para el sujeto
pasivo desde aquél momento en que el juez tiene elementos de juicio
suficientes para otorgarle la condición de imputado, instante en el que
simultáneamente despliega su eficacia el derecho de defensa en
diversas manifestaciones: obligatoriedad de la defensa técnica a partir
del auto de procesamiento (art. 118 LECrim); derecho del detenido y
preso provisional a comunicarse con su abogado (art. 523 LECrim.) ;
posibilidad de instar diligencias de investigación de su interés (art. 302
LECrim.) ; y asistencia a la práctica de determinados actos de
investigación (arts. 333, 569 y 584 LECrim) 8 .
7 La llamada “prohibición de reformatio in peius”.
8A diferencia de esta tendencia equiparadora entre las partes acusadoras y la acusada, la línea
legislativa manifestada en las últimas reformas y, más aún, en la jurisprudencia constitucional más
reciente, justifica una igualmente creciente desigualdad entre las partes acusadoras oficiales, por
ostentar tal carácter, frente a las privadas. Muestra esclarecedora de la misma es la reforma de de
28 de diciembre de 1989 que introdujo el procedimiento abreviado, y dentro del mismo, el art.
790,2 donde se otorgan facultades bien diferentes al MF y a las restantes partes acusadoras. A
juicio de la Fiscalía tal discriminación esta plenamente justificada por cuanto la representación
pública se rige por los principios de legalidad e imparcialida, en tanto las acusaciones particulares
se mueven por intereses parciales y ajenos al interés público (Circular 1/1989). Por si restaba
alguna duda interpretativa, la STC 186/1990 consagró tal diferencia de trato. Véase tambien en
este sentido , el último apartado del presente trabajo.