2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 197
apuestan por un defensor activo incluso en el momento de la detención
policial. Otros derechos, como el de no confesarse culpable o no declarar
contra sí mismo, o incluso el propio derecho a ser informado de la
acusación, refuerzan activamente desde otras vertientes el derecho de
defensa, al menos desde un punto de vista teórico.
Si continuamos observando la realidad, creo que en el tema de
las garantías procesales del inculpado las posibilidades de hallar criterios
de unificación son relativamente sencillas si atendemos a su
reconocimiento en papel impreso. Más me preocupa sin embargo su
práctica, porque el problema, por ejemplo, de declarar nula una prueba
obtenida ilegalmente, o de garantizar el derecho de defensa activo en
una declaración policial, no reside sólo en la letra de la Ley, sino también
y principalmente en su práctica, y aquí la experiencia, el asentamiento
de los principios, la organización de la Policía, las relaciones con la
Fiscalía, etc., juegan un papel decisivo, que no todos los países pueden
garantizar en estos momentos, especialmente las nacientes
democracias. Con ello lo que quiero decir asímismo es que el éxito de
esta cuestión no depende sólo de una reforma concreta, sino también
y en lugar destacado de una consideración global de todas las
instituciones implicadas, atendiendo a las peculiaridades propias de
cada país. ?Quién se atrevería a defender, en este sentido, un sistema
totalmente economicista de organización de la defensa técnica en el
proceso penal como existe en Estados Unidos, en cada uno de los
países que hoy estamos aquí representando? Creo que nadie, porque
la unificación va mucho más allá del mimetismo plagiador.
B) La definición exacta de los papeles del Juez, del Fiscal y
de la Policía:
La segunda cuestión clave afecta a que la unificación internacional
del proceso penal pasa necesariamente por una definición exacta del
papel que el Juez, el Fiscal y la Policía deben desempeñar en él,
estableciendo con precisión sus funciones y la manera de resolver los
problemas que se planteen.
Para ello hay que definir primero el modelo de instrucción, es
decir, si debe instruir el Juez o el Ministerio Público; después hay que
establecer la relación entre el papel que desempeña la acusación y los