2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
aduanas), por una autoridad europea, por un ciudadano, o por queja de
la Comisión europea.
La regulación de los actos de investigación pretende alcanzar un
equilibrio entre los países de tradición inquisitoria, es decir, donde todavía
instruye un Juez (Benelux, Francia y España), y los de sistema acusatorio,
en donde instruye un Fiscal (los demás): Por un lado, el Fiscal tendrá
atribuido el monopolio de la investigación, que conducirá en función de la
solidez de las pruebas (modelo inquisitivo), y por otro un Juez controlará
la legalidad de esa investigación y el respeto a los derechos fundamentales
de las medidas en ella acordadas (modelo acusatorio).
La técnica consiste en atribuir al Ministerio Público europeo
ciertos poderes de investigación, a saber, dirección de la investigación,
coordinación de la investigación y avocación de casos, todo ello con
el fin de permitir hallar la verdad y meritar si el asunto debe ser llevado
a juicio, debiendo recogerse tanto lo que beneficie como lo que
perjudique al imputado.
Los actos que puede practicar el Fiscal, mezclándose actos de
investigación y medidas cautelares, son los siguientes: a) Interrogatorio
del acusado; b) Recogida de documentos y datos informatizados; c)
Solicitud al Juez de las Libertades para que nombre un perito; d)
Solicitud al Juez para que autorice registros, embargos y escuchas
telefónicas, así como su ejecución en caso positivo; e) Interrogatorio
de testigos; f) Imputación de los cargos al acusado; y g) Solicitud al
Juez de las Libertades de la orden de detención, o de puesta bajo
control judicial (obsérvese que la detención es ordenada por el Fiscal
europeo, pero controlada por el Juez de las Libertades).
Concluida la fase de investigación, el Fiscal europeo tiene
posibilidad de ofrecer alternativas a la persecución penal: a)
Traslado de las actuaciones a las autoridades nacionales, para que
ellas continúen el procedimiento, cuando los hechos no revistan
especial gravedad; b) Archivo de las actuaciones, en el supuesto
de que el acusado reconozca su culpabilidad, repare el daño
causado y restituya los fondos irregularmente percibidos; y c)
Autorización para que la autoridad nacional que haya solicitado la
persecución pueda negociar.