2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
El ansia de unificación legislativa, de intentar alcanzar una identidad
similar, de buscar los lugares comunes del proceso penal, es por tanto
muy palpable en la actualidad desde un punto de vista internacional.
Pero el problema surge precisamente cuando se desciende del
terreno intelectual abstracto al concreto con el fin de elaborar los criterios
metodológicos de esa soñada unificación, es decir, al intentar plasmar
sobre el papel qué principio o principios deben ser los estructurales de
ese proceso penal que ha de proteger la pacífica y democrática
convivencia de todos los ciudadanos honrados del mundo. Y nace el
problema no tanto porque no haya acuerdo en esos principios, que ni son
ni deben ser muchos, sino porque cuando llega el momento de articularlos
en concreto, los conceptos no tienen el mismo significado en todos los
países, los intereses en juego difieren en matices nada desdeñables y,
en suma, las tan distintas condiciones culturales, políticas y económicas
de cada uno de los pueblos afectados hacen que se planteen verdaderos
problemas de aplicación práctica aun cuando se esté de acuerdo en la
necesidad de su existencia.
El aspecto más problemático, en mi modesto entender, en donde
los problemas meramente acabados de indicar se dan con toda su
crudeza, se presenta en la fase de investigación del proceso penal. Ello
no es casual. Es en la instrucción criminal en donde el legítimo poder del
Estado de investigar el hecho criminal y de perseguir a los criminales se
manifiesta con mayor intensidad, y es ahí precisamente en donde los
también legítimos derechos de los ciudadanos necesitan una mayor
protección. La fase de investigación es así un campo de tensiones
garantizado, de peligro constante de colusión entre intereses de la
Sociedad y principios y valores constitucionales que afectan a los
ciudadanos, en donde nunca debe imponerse el deseo o el criterio del
más fuerte, ni el del más inteligente. En absoluto y muy al contrario, la
preparación del juicio, o de la decisión de su evitamiento, debe basarse
en la razón del justo, en una decisión neutral tomada por quien
constitucionalmente ejerce imparcialmente la función jurisdiccional o tiene
encomendada la labor neutral de la investigación.
Pero vayamos por partes. Empezaré por el acuerdo de partida
básico y luego intentaré explicar los problemas más importantes que se
dan y cómo deberían resolverse.