2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 189
la verdad material, aunque ciertamente éste no sea hoy el único fin del
proceso penal, la imparcialidad del juzgador, la objetividad del acusador
y la ecuanimidad de las normas procesales, son la mejor garantía de
hallarla. Luego el principio acusatorio, al garantizarla, es el que mejor
sirve a la justicia de la decisión.
Pero su configuración es muy distinta en los países anglosajones
y en los seguidores del sistema francés de enjuiciamiento criminal, porque
en Inglaterra o en Estados Unidos el principio acusatorio siempre se ha
entendido en su sentido más puro posible, mientras que en la Europa
continental ha coexistido con el principio inquisitivo, dando lugar a sistemas
de enjuiciamiento mixtos (el llamado proceso acusatorio formal).
Pero ello no quiere decir que los países que tomaron el modelo
francés no entiendan lo que es el principio acusatorio, ni que
desconozcan lo que debe ser una regulación satisfactoria mínima del
mismo. Si nos fijamos, por ejemplo, en Alemania o en España vemos
en este sentido que el proceso penal español, al igual que el alemán,
está inspirado por el principio acusatorio, que rige desde su inicio y a lo
largo del mismo para averiguar, en un primer momento si hay base o
no para formular la acusación, y posteriormente para concretarla.
Este principio es una garantía esencial del proceso penal, elevado
a rango de derecho fundamental, por ejemplo, en España, al entenderse
implícito en el derecho a un proceso con todas las garantías consagrado
constitucionalmente. Dentro de esta máxima genérica se encuentra la
exigencia de la imparcialidad del Juez, lo que supone la separación
entre las funciones de instruir, acusar y juzgar.
Más concretamente, y partiendo del sentido original del término
referido a la imparcialidad judicial, creo que este principio significa que:
a) No puede existir proceso sin acusación formulada por persona
distinta a quien juzga: La acusación es condición y presupuesto del
proceso y para garantizar la imparcialidad será formulada por persona
distinta y ajena al Tribunal sentenciador, generalmente el Ministerio Fiscal
(Ministerio Público), en régimen de monopolio o compartido con la víctima
o incluso, como es el caso español, con el no ofendido (acción popular).