2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 179
Para terminar, no es baladí valorar la innegable potenciación de las
facultades otorgadas a la parte acusadora “oficial” 78 . En aquellos países
en que ésta no tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, este
hecho pone en cuestión el acierto de diversificar el ejercicio de la repetida
acción, reconociendo facultades al efecto a la víctima o incluso, como en
España, a cualquier ciudadano, perjudicado o no por el delito79 . Último
ejemplo en España de lo que podríamos llamar “tendencia oficializante”
es la reciente ampliación al Ministerio Fiscal de la legitimación para el
ejercicio de la acción penal de las faltas de malos tratos80 . La tendencia a
dicho monopolio que puede encontrar justificación en virtud de razones
de una mayor eficacia en la consecución de una determinada política
criminal, debe equilibrarse en todo caso, ya sea con mecanismos de
control a través de la sujeción al principio de legalidad y la posibilidad de
recurrir la decisión ante un órgano jurisdiccional81 , ya con el sometimiento
a controles electorales, so pena de que converjan en un único sujeto
excesivos ámbitos de poder.
En el primer sentido, en su variante de sometimiento de la decisión
sobre el ejercicio de la accción penal a control, debe subrayarse que
éste existe desde el momento en que se abren diligencias judiciales82 ,
pero no antes83 . En el segundo sentido, el tema se traslada a la
78 Muestra de dicha tendencia son las reformas legales, comenzando por la de 28 de diciembre de
1988, en las que o bien se amplia la intervención del fiscal o bien se otorga mayor eficacia vinculatoria
a sus actos. En contra de tal tendencia, la reforna del art. 969.2 LECrim. en el juicio de faltas.
79 Y cara a tal valoración deberían sopesarse los diferentes argumentos a favor y en contra,
reseñados al tratar de la acción popular, o la preterición de la víctima en los múltiples trabajos
publicados sobre el tema.
80 Artículo tercero del Capítulo II de la LO 14/, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de
1995 en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(BOE 138/99, de 10 de junio) que reforma el art. 104 LECrim. para permitir la persecución de oficio.
81 Al modo, por ejemplo de la “Klageerzwingunsverfharen” alemana
82 El argumento es doble: por una parte, el que el fiscal no monopoliza el ejercicio de la acción
penal, y por ende que ya pudo instar el ejercicio por su cuenta; por otra, por corresponder al
ejercicio de sus funciones, con el único límite del sometimiento al principio de legalidad “ex art.
124 CE” (Auto TS, de 2o de diciembre de 1990 y Auto del TC de 4 de abríl de 1984, en el que se
deniega la tutela de amparo por ser algo ajeno a su ámbito de aplicación)
83 El Fiscal General del Estado en su Consulta 2/1995, de 19 de abril señala expresamente: “(..) la
presentación de una denuncia ante la Fiscalía no genera en el denunciante el derecho a que la
comprobación de los hechos se lleve a cabo (..) el Fiscal puede optar por abrir esas diligencias (..) o
instar inmediatamente el inicio del procedimiento judicial, y esa decisión del fiscal no es en modo
alguno revisable por los Jueces y Tribunales”. Advertir que esta Consulta recoge la tesis expuesta por
el fiscal jefe de Zamora, que a raíz de esta falta de posible impugnación de la decisión del fiscal
antedicha, deduce la absoluta separación entre las diligencias informativas y los procedimientos
judiciales.