2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
de una misma moneda- son garantías o derechos instrumentales del
genérico derecho de defensa (SSTC 36/1983; 127/1992 y 197/1995).
En atención a los mismos, los órganos judiciales deben ilustrar desde
el primer acto procesal que se dirija contra una persona concreta, de
su derecho a no prestar declaración en contra suyo y de no declararse
culpable. Tal información deberá realizarse, si es posible, antes de la
toma de declaración19 .
c) Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado; la
autodefensa. El derecho a la asistencia de letrado como parte del derecho
de defensa constituye un derecho de doble proyección que garantiza: a)
la asistencia letrada al detenido (art.17.3 CE) y, b) la asistencia letrada al
imputado o acusado (art. 24.2 CE), y cuyo contenido, a veces solapado
(cuando el detenido adquiere la condición de imputado) no es idéntico
sino mucho más amplio en el segundo de los casos (STC 196/1987) 20 .
La asistencia debe ser real, efectiva y no meramente formal, de ahí
que, conforme al art. 31 LAJG, salvo que los abogados designados de
oficio hagan uso de su derecho a excusarse de la defensa en los estrictos
términos en él contemplados, la defensa es obligatoria y no puede aducirse
la insostenibilidad del recurso respecto de los condenados21 . En idéntico
sentido, los órganos judiciales deben velar por la efectividad del derecho
en cada caso concreto, especialmente en el ámbito penal, no limitándose
a proveer para que se designe abogado de oficio sino ampliando su campo
a poner remedio frente a la pasividad del letrado, singularmente en los
casos en que actúan de oficio22 .
19 Cabe que la percepción judicial sobre la situación de imputado se produzca al hilo de la propia
declaración ante el juez. Si es así, se vulneraría el derecho de defensa en estas dos manifestaciones
si no se suspende la declaración y se le advierte de estos dos derechos y de su nueva condición.
Consecuentemente, además, lo declarado previamente no podrá ser utilizado en su contra (SSTS,
15.9.1990) y (SSTC 22-3-1985, 15-2-1989; 15-11-1990; 11-3-1991; 3-5-1993; y 31.1.1994).
20 Forma parte del contenido de este derecho el de poder designar libremente a un abogado,
desechando la posibilidad de que se le imponga uno de oficio (art. 14.3 d) P.I.d.C.P. y art. 6.3 c)
C.E.D.H. y STC 196/1987. Esta nota es aplicable a la asistencia letrada del art. 24.2 CE (defensa
del imputado), pero no a la del art. 17.3 CE (asistencia al detenido) (STC 196/1987).
21Arts. 32 y 35 LAJG y SSTEDH, de 9 de octubre de 1979; 13 de mayo de 1980 y 25 de abril de 1983.
22 El derecho a la asistencia de letrado se tiene también en los procesos en que la intervención es
facultativa para las partes, en cuanto no cabe denegar el nombramiento de oficio de un justiciable
que alega no tener medios suficientes para litigar, sin antes suspender y motivar el rechazo. Sí es
posible denegar tal nombramiento, no obstante, si se razona la existencia de fraude procesal por el
exclusivo fin de dilatar el procedimiento (STC 92/1996).