2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 195
II. LAS POSIBILIDADES DE UNIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEPENDEN DE QUE
SE RESUELVAN PREVIAMENTE LOS GRANDES TEMAS QUE EN
ELLA SE PLANTEAN.
Naturalmente, no voy a entrar en cuestiones de detalle, pues cada
uno de estos temas podría ser objeto de varias conferencias muy extensas
y prolijas. Sólo pretendo poner el dedo en la llaga de la unificación.
a) La aplicación y respeto a las garantías procesales del
inculpado, en especial, del derecho de defensa:
Nos encontramos todavía inmersos en el fenómeno de
constitucionalización del proceso penal. La razón no es otra que el deseo
de que nuestros procesos penales sean acordes con nuestros modelos
de Estado, es decir, democráticos.
De esta manera se quieren resolver adecuadamente los problemas
que plantean la inevitable lucha y confrontación entre la necesaria
tranquilidad social de los ciudadanos, que exige al Estado perseguir los
delitos y castigarlos (principio de legalidad penal, ius persequendi,
principio de necesidad procesal o garantía jurisdiccional, entre otros), y
los derechos y garantías de todos los imputados (prohibición de la tortura,
libre apreciación de la prueba, investigación limpia de lo ocurrido, etc.).
Para ello se parte de una Constitución democrática directamente
aplicable, no programática, en la que se reconocen por un lado valores
superiores del Ordenamiento Jurídico, como la libertad, la igualdad y la
justicia, explícita o implícitamente, y por otro determinados derechos
fundamentales procesales penales de los ciudadanos, que operan como
límite frente al poder del Estado, como por ejemplo el derecho a ser
informado de la acusación, el derecho a no declarar contra sí mismo, el
derecho a no confesarse culpable, el derecho a la prueba, el derecho a
la presunción de inocencia o, destacando por encima de todos, el
derecho de defensa.
El sentir internacional acompaña adecuadamente estos anhelos
y realidades estatales, como lo demuestran fehacientemente el Convenio
Europeo de Derechos Humanos de 1950, y la Convención Americana