2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 193
Es muy difícil, porque implicaría afrontar y resolver correctamente
muchos temas, de entre los que destaco los siguientes:
1) Equilibrar los papeles del Juez (no investigador si nos fijamos
en los países anglosajones, pues allí no existe, sino de Garantías), del
Fiscal, de la Policía y del acusado (conjuntamente con su abogado
defensor o con su defensor público).
En nuestros sistemas mixtos, la posición del Fiscal es
relevantemente superior a la del inculpado; si hay Juez instructor, sus
poderes son enormes generalmente; y, prácticamente sin excepción, la
Policía es realmente la dueña y señora de la investigación. Redefinir estos
papeles parece tarea ingente, pero es necesario afrontarlo y hacerlo.
2) La ausencia de tradición acusatoria en Europa plantea muchos
desequilibrios graves, pero en América Latina es letal. Me explicaré: Los
problemas de adaptación de reformas acusatorias como la alemana de
1975, que eliminó la figura del Juez instructor, estableciendo la competencia
para la investigación en favor del Fiscal, trajo problemas de adaptación
importantes y, de hecho, no ha podido impedir que en Alemania quien
investigue de facto sea la Policía y no el Fiscal; la aplicación práctica del
Código Procesal Penal italiano de 1988 no ha tenido ni un solo minuto de
tranquilidad, existiendo un auténtico clamor de dejar los fundamentos
acusatorios anglosajones en los que se basa para volver a un sistema
mixto perfeccionado. Pero en todos esos países, entre el sistema
inquisitivo medieval y moderno y el acusatorio anglosajón al que se tiende,
ha habido unos doscientos años de vigencia de un sistema acusatorio
formal o mixto nacido con la Revolución Francesa de 1789.
En América Latina esto no existe. Generalmente se toma como
modelo la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872 (la vigente
es de 1882), aunque no siempre (como ocurre en Argentina a mitad del
siglo pasado seguidora del modelo italiano), que previó un proceso inquisitivo
y secreto, y, de repente, tras cien o más años de vigencia, sin tránsito por
un paso intermedio que facilite una modernización menos traumática, se
quiere implantar un proceso acusatorio puro como el norteamericano. Los
problemas son inimaginables, aunque últimamente hay intentos muy serios
que, conscientes de este problema, han intentado una adaptación a las
estructuras propias ante todo, como es el caso de Nicaragua.