2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
sobre Derechos Humanos de 1969, que antes cité, normas empeñadas
cabalmente en defender con efectividad en el plano internacional los
derechos humanos y, por tanto, los derechos procesales penales de
los imputados en causas criminales.
La protección se complementa con tutela judicial al máximo nivel a
través de Tribunales Constitucionales o Salas Constitucionales de
«Cortes» Supremas. Aunque las diferencias organizativas son relevantes,
no afectan a lo que estamos tratando ahora, porque esos altos tribunales
garantizan un cumplimiento adecuado de los principios democráticos del
proceso penal y un respeto constante a los derechos humanos del
inculpado, sobre todo durante la fase de investigación del mismo.
Su doctrina garantista, generalmente uniforme y en verdad más
en beneficio de la defensa que de la acusación, se centra en dos
aspectos clave:
1) La objetivación de la prueba: Gracias a la doctrina constitucional
nuestros sistemas de enjuiciamiento criminal no soportan averiguar la
verdad a cualquier precio, de ahí que la investigación deba realizarse
necesariamente dentro de ciertos límites, claramente definidos hoy,
aunque con importantes quiebras prácticas lamentablemente. La teoría
de la prueba prohibida ayuda a esa objetivazión, aunque deja muchas
cuestiones en el aire todavía, pues por ejemplo no encuentran una
aplicación satisfactoria en nuestros países ni los llamados «frutos del
árbol envenenado», ni el efecto enervador del «descubrimiento
inevitable». Por otro lado, la presunción de inocencia no encuentra un
significado conceptual idéntico en todos los países, lo que ayuda poco
a su efectivo reconocimiento en la práctica.
2) La efectividad del derecho de defensa: Es quizás el aspecto
en donde el desarrollo procesal penal ha sido más relevante en los
últimos tiempos, básicamente en su faceta de asistencia técnica por
parte de un Abogado o Letrado, bien designado de confianza por el
propio inculpado, bien designado de oficio por el Estado (defensor de
oficio o público) o de manera equivalente. Ello garantiza al imputado y
luego acusado una defensa efectiva de sus derechos, pues los
sistemas de enjuiciamiento criminal de los países democráticos,
aunque con diferencias en algunos casos demasiado importantes,