2001 - Escola Superior do Ministério Público

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Revista Jurídica da ESMP - n.º 2
a la interposición de querella (art. 270 LECrim) salvo que el proceso ya
esté iniciado92 ; d) su ejercicio está sujeto a la prestación de fianza93 ; y e)
no puede solicitar cosa distinta de lo que es la pura acción penal, esto es,
ni le cabe instar simultáneamente el ejercicio de la acción civil acumulada
-como sí podría hacerlo tanto el ministerio fiscal como la víctima (acusador
particular)- ni pedir la condena en costas94 .
Recapitulando sobre todo lo expuesto en este apartado y a la hora
de reflexionar sobre el monopolio en el ejercicio de la acción penal cabe
efectuar dos consideraciones.
El monopolio en el ejercicio de la acción penal atribuido al MF, que es
un factor de innegable relevancia para una correcta ejecución de la política
criminal -siempre que el fiscal no goce de una autonomía e independencia
al modo italiano- debe someterse al principio de legalidad como contrapartida
frente a un ejercicio discrecional de la acción penal. Por otra parte, si tal
monopolio se aúna con la dirección de la instrucción en manos del fiscal,se
incrementa entonces el riesgo de actuaciones de fiscalía fiadas en exceso
a un hacer imparcial que la falta de contrapeso hace difícilmente alcanzable.
En sentido contrario, la cotitularidad en el ejercicio de la acción penal,
si bien puede interferir en la correa de transmisión entre quienes definen
una determinada política criminal y quienes están llamados a ejecutarla,
no deja de producir un efecto moderador de las eventuales desviaciones
que en aquél pudieran producirse, singularmente en la aplicación del
principio de oportunidad. Limitar en esta línea la titularidad a los
perjudicados por el delito no parece, sin embargo, la mejor solución por
cuanto éstos actuarán siempre en interés propio.
Teresa Armenta Deu
Catedrática de Derecho Procesal da
Universidad de Gerona
92 Se pretende evitar así los negativos efectos de las meras denuncias interesadas o revanchistas
como mecanismo iniciador del proceso.
93 La cuantía de ésta, con ser exigible desde el punto de vista del derecho al acceso a la jurisdicción
(SSTC 62/1983, de 11 de julio; 113/1984,de 29 de noviembre; 147/1985, de 29 de octubre;326/
1994, de 12 de diciembre; y 50/1998, no puede ser de cuantía desproporcionada de manera que
se impida de hecho su ejercicio (art. 20.3 LOPJ).
94 STS 12-3-1992 (RAJ 2442).