2001 - Escola Superior do Ministério Público

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180 Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 legitimación democrática, como fundamento con el que se pretende legitimar a partir de la Constitución todo el aparato del Gobierno, y tambien al Ministerio Fiscal. Esta legitimación que a cada orden alcanza se da en la medida en que ocupe, sin extralimitarse, el lugar que en ese orden le corresponde con las cualidades y títulos que le asisten. Y aquí puede decirse que el de la legitimación democrática, entendida como representatividad, no es uno de ellos en el caso del Ministerio Fiscal, ni tan siquiera del Gobierno, del que procederían las instrucciones para su actuación. El calificativo de democrático lo predica el texto constitucional del modelo de Estado (art. 1.1 CE). A partir de ahí puede decirse que el Gobierno, como parte del mismo participa de esa nota, pero no que el Gobierno es democrático84 . Es más, en el caso del Gobierno, éste no está abierto a un proceso electoral, en tanto el art. 66.1 CE deja claro que la representación del pueblo español la ostentan las Cortes. Así las cosas, la legalidad a la que, en todo caso, debe someterse el fiscal (art. 124 CE) está presidida por la Constitución y las leyes que emanen de las Cortes como expresión de la voluntad popular, sin que pueda en modo alguno hablarse de una doble fuente de legitimación de normas con efectos externos -que serían sin duda alguna las instrucciones- al estilo del constitucionalismo de principios del siglo XIX, como resultado de la reacción monárquica85 . Centrándonos en la primera faceta, la peculiaridad española se centra en la acción popular. Como es de sobras conocido, el art. 125 CE y el art. 101 LECrim. atribuyen el ejercicio de la acción penal no sólo al ministerio fiscal y al particular ofendido por el delito, sino a todo ciudadano español que la ejercite conforme a las prescripciones de la ley86 . Este tipo de acción “quivis ex populo”, de claras connotaciones 84 La representatividad y el componente democrático se da, por ejemplo, en nuestro país, en los Municipios, y en los EEUU de Norteamérica el fiscal de muchos de los Estados en que se eligen directamente y someten su gestión elecciones periódicas. Vid. WEIGEND, “Anklageplicht und Ermessen”, Baden-Baden, 1978. 85 Se trata en definitiva del conocido dualismo que representa la afirmación del principio monárquico y principio democrático, como doble fuente de legitimación, tambíen normativa, superada definitivamente hace ya más de un siglo. 86 Asismo a los ciudadanos extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o sus bienes o las personas de sus representados).
Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 181 acusatorias, ha sido objeto de acerbas críticas y encendidas defensas Unos autores, en atención fundamentalmente a una cierta desconfianza hacia el uso exclusivo de la acción oficial, defienden una concepción más amplia del derecho al acceso a la acción popular como instrumento democratizador que acerca la administración de justicia a los ciudadanos y fomenta su participación en la misma. Otros, y especialmente la Fiscalía General del Estado, le achacan que su uso indiscriminado desnaturaliza las finalidades propias del proceso penal al obedecer a intereses particulares de venganza, política o personal87 . Desde el punto de vista de su utilización en la práctica, ha pasado de un uso casi anecdótico a otro ciertamente no frecuente pero de enorme trascendencia pública por su utilización en casos de corrupción política o por parte de algunas minorías88 . La concreta configuración legal de la acción popular en el proceso penal español no puede desarrollarse en estas páginas89 . Sí, cabe, no obstante, esbozar brevemente sus líneas maestras en torno a los siguientes puntos: a) su ámbito objetivo de aplicación es el ordinario, esto es, delitos públicos y semipúblicos, quedando excluida en los delitos privados o en los procedimientos especiales90 , b) puede ser utilizada tanto por personas físicas como jurídicas, merced a una amplia interpretación del término “ciudadano” contenido en el art. 125 CE91 ; c) el acceso a la condición de parte del acusador popular se condiciona 87 Veánse Las “Memorias de la Fiscalía del Estado”, de 1983, p.21ss; 1989, p.314; y, muy especialmente, la de 1996, pp.701-721 con el ilustrativo título: “La acusación penal: ¿ejercicio de soberanía? Ministerio Fiscal versus acción popular”. 88 Importantes procesos cuyo caso más significativo lo ha constituido el llamado “caso GAL”), han supuesto la personación como parte procesal de partidos políticos o asociaciones como “Víctimas del terrorismo” o “SOS Racismo” que de no ser por esta vía no hubieran podido intervenir en el proceso con tal condición. Los ejemplos son muchos : caso escuchas del CESID , caso Ruiz Mateos etc. 89 Como en tanto otros temas, véase mi trabajo “Principien und Systeme des Strafverfahrens: Das spanische system als Bezugspunkt”, en fase de publicación. 90 Jurisdicción de menores y Jurisdicción militar. Así se señala respecto de este último caso en la reciente sentencia del Tribunal Constituciona, de 26 de marzo de 1999, en la que se deniega el amparo solicitado por la Asociación de Información por la Defensa del soldado, contra el Auto del Tribunal Militar Territorial Primero que rechazaba a dicha asociación intervenir como acusador popular en el proceso. 91 Se imponen, eso sí, determinadas restricciones: debe tratarse en todo caso de la defensa de intereses comprendidos en su objeto (asociones de víctimas del terrorismo en delitos contra el terrorismo; asociaciones ecológicas en delitos de esta índole; asociaciones de consumidores...(SSTC 241/1992, de 21 de diciembre; 34/1994, de 31 de enero; 50/1998, de 2 de marzo; y SSTS de 4 de marzo de 1995 (RAJ 1802) y de 2 de febrero de 1996 (RAJ 788).
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