2001 - Escola Superior do Ministério Público

Revista Jurídica da ESMP - n.º 2 207
CONCLUSIONES
Es hora ya de concluir. Queda, como creo que se desprende
diáfanamente de mis palabras, mucho por hacer, porque no estamos a
pesar de las numerosas coincidencias ante el mismo tipo de proceso
penal en todos los países democráticos. Sabemos y queremos que el
proceso se base en el principio acusatorio, y que el juicio sea oral y
público, pero aun contando con la aceptación de estos principios,
nuestros procesos son todavía muy diferentes.
Creo por otra parte que queda también claro que, para la mejora
de nuestros propios sistemas y el logro desde la base de pautas seguras
de una futura unificación, el método de copiar sistemas o de transplante
mimético de los mismos, no es ni bueno ni aceptable. Las cosas que
funcionan en un país no tienen por qué funcionar en otro. Además, plagiar
significa siempre obviar las peculiaridades propias, y ahí está la primera
piedra del fracaso. Naturalmente, el estudio del Derecho comparado
siempre es útil, por lo que no copiar no debe significar en ningún caso
no observar o no estudiar lo que sucede en otros países, sobre todo si
son importantes jurídicamente.
Pienso que la unificación del proceso penal pasa, pues, por el
reconocimiento de los siguientes hitos en cada uno de los Estados, que
resumo tomando en consideración el hilo de la exposición que estoy a
punto de concluir:
1) Existencia de un Poder Judicial verdaramente independiente e
imparcial; de una Fiscalía o Ministerio Público no dependiente del
Gobierno; y de una Policía Judicial profesional, al servicio de la Justicia
y responsable ante los ciudadanos; todos ellos articulados en estable
equilibrio en la fase de investigación del proceso penal;
2) Amplio reconocimiento legal y efectiva tutela en la práctica de
los derechos del inculpado, particularmente del derecho de defensa,
específicamente durante la instrucción, sin más límites que los que las
exigencias naturales de la investigación aconsejen;
3) Regulación uniforme de la posición de la víctima en el proceso
penal, esencialmente por su importancia en la fase de investigación,