Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

140 derechos humanos en argentina. informe 2012sa que las otras sancionadas en la región en respuesta a las mismas exigencias,su aplicación da una pauta de la orientación política en la que se inscribeny del riesgo que traen aparejado. Tal como expresó el juez de la Corte RaúlZaffaroni, esta ley era innecesaria para el país. 101La expresión “delitos dirigidos a aterrorizar a la población” o la de “exigirque las autoridades hagan algo o se abstengan de hacerlo” son muy genéricasy pueden ser utilizadas para abarcar supuestos de reclamos sociales. Ya no setrata de medidas dirigidas a la represión de la protesta sino al uso del sistemapenal para someter a proceso a manifestantes o referentes y criminalizarlos.Por su aumento, las penas habilitarían una imputación no excarcelable. Eneste caso, tanto el riesgo de ser procesado como el de sufrir prisión preventivatendría graves consecuencias para los militantes o referentes sociales acusadosde “querer aterrorizar” o de “exigir a las autoridades”.En respuesta a los diversos reclamos, el oficialismo introdujo una modificaciónal proyecto por la que se estableció que no se aplicará el nuevo inciso encaso de que se trate del ejercicio de derechos (humanos, sociales o constitucionales).Sin embargo, si bien tal afirmación puede tener valor político, desdeel punto de vista jurídico su incorporación es superflua. El art. 34 del CódigoPenal ya establece que no pueden ser sancionadas las personas que actúan “enejercicio legítimo de un derecho”. Esto quiere decir que ya estaba prevista ennuestra ley penal una regla general que justifica a quienes cometen accionesprohibidas, amparados en el ejercicio de sus derechos. Lo relevante en estepunto es que un juez realizará el análisis sobre si la acción está justificada, enel marco de un proceso penal abierto. De manera que la modificación no evitaque las personas acusadas deban soportar el proceso, hasta tanto se defina si setrata de una acción tolerada por el Estado.Otro cambio introducido al proyecto original consistió en que estas figurassean de competencia federal, para disminuir el impacto de su utilización porlas justicias provinciales. Si bien esto no despeja las críticas de fondo a la ley–y tampoco se puede afirmar que la justicia federal argentina sea intachable–,al menos limita la discrecionalidad de los jueces provinciales, que en algunoscasos responden, como los gobernadores, a los intereses de los agronegocios ode la minería, a expensas de las comunidades indígenas o los pobladores quereclaman por sus tierras.101 “El GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algúnmomento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contralos sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorista.” “La ley antiterroristaes un disparate”, Perfil, 23 de diciembre de 2011.