Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

seguridad y derechos humanos: el modelo de gobierno como… 1795.2. notas sobre modelos de gobierno y el carácter de los sistemasde seguridadAnalizar y evaluar las políticas de seguridad desde la perspectiva del ejerciciodel gobierno político exige una mirada que pueda poner en relación las dimensionesnormativas (los diseños institucionales, mecanismos, leyes y regulaciones),la cultura institucional que las autoridades políticas permean hacialas fuerzas en el funcionamiento cotidiano y, finalmente, los efectos en lasprácticas policiales concretas.Estos niveles se identifican en la literatura sobre reforma policial. Analíticamente,suele postularse que un proceso de reforma se inicia en el nivel normativo,siendo más difícil transformar la práctica policial, lo que habitualmentese refiere como la distancia entre las normas y las prácticas. Sin embargo, estalinealidad descendente, de la reforma normativa a la reforma de la actuación,no necesariamente se verifica en los casos analizados, ya sea porque los modelosde gobierno revisados no son reformistas o porque las estrategias asumidasdesafían tal esquema.En el caso de la provincia de Buenos Aires, el agotamiento de su modelodelegativo tras cuatro años de abstención del ejercicio del gobierno políticode la seguridad y de la Policía Bonaerense muestra importantes consistenciasentre los cambios normativos que se habían impulsado (caracterizados por elCELS y el ASD como de contrarreforma), la cultura institucional reforzada porla gobernación (ausencia de investigación interna, delegación de las decisionesde seguridad) y el resultado de prácticas caracterizadas por la violencia, laineficiencia y la corrupción.La ciudad de Buenos Aires, por su parte, cuenta con un diseño institucionaly normativo adecuado, en términos generales, para poder ejercer un gobiernodemocrático de la seguridad. Sin embargo, la cultura institucional promovidapor las autoridades políticas resulta consistente con sus lineamientos generalesde gobierno –tanto en lo que hace a seguridad, política social, espacio público,articulación con el Ministerio Público Fiscal–: la consideración de que elsistema penal es la arena privilegiada para dirimir conflictos sociales. Se tratade una dimensión clave para ser tomada en el discurso y en las agendas detrabajo para la seguridad democrática: las normas y los diseños institucionalesque demandamos no garantizan una gestión no autoritaria de la seguridad.Otros actores externos de control y defensa de derechos, como las comisionesparlamentarias y las defensorías pueden colaborar en establecer mejores umbralesde actuación policial.El primer año del Ministerio de Seguridad de la Nación es el caso que másincógnitas supone respecto del ordenamiento de los niveles normativo, decultura institucional y de prácticas. Su estrategia de recuperación del gobiernopolítico de la seguridad y de las fuerzas se ha llevado adelante en el marco de