Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

tensiones sociales y respuestas estatales. conflictos… 319reprimir es una condición y una garantía para habilitar la gestión política delos conflictos sociales. Con la idea de fijar un piso de estándares sobre el abordajeoficial de conflictos sociales que suponen concentraciones de personasen todo el país, el CELS promueve el debate legislativo de los principios quedeben regir el accionar del Estado en estas circunstancias y que también resultaríanvinculantes para las acciones ordenadas por jueces y fiscales, cuestiónque, como hemos visto en cada caso, es crítica. Se trata de pensar mecanismosadecuados que aseguren no sólo la integridad física de las personas que serándesalojadas, sino que garanticen las condiciones mínimas para canalizar lasdemandas sobre derechos reclamados. En otras palabras, los mecanismos deintervención, además de regular el modo de actuar de las fuerzas de seguridady la definición de los responsables políticos, deben incluir una definiciónexpresa sobre el modo de actuar de los órganos políticos con competencia enlos temas de fondo que se demandan.Mediante una ley del Congreso que fije un marco para el accionar policial,el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deberán articular abordajespolíticos para la solución de la conflictividad social en el espacio público, loque también funcionaría como límite para cualquier orden judicial.El tratamiento de conflictos sociales debe incorporar particularidades de lascircunstancias en las que tienen lugar, como, por ejemplo, los desalojos. Eneste sentido, el Comité DESC de las Naciones Unidas ha establecido que losdesalojos sólo pueden justificarse en casos excepcionales, y ha advertido que“no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestosa violaciones de otros derechos”, como ocurre cuando a una situaciónde vulneración de derechos se suma la de la violencia policial. El informe dela relatora para el Derecho a la Vivienda de la ONU, en ocasión de su visita ala Argentina en 2011, recomendó al Estado argentino “la adopción e implementaciónde una política social integral para darles una respuesta habitacionaldefinitiva a las personas que se quedan sin vivienda debido a un desalojo.La relatora especial exhorta a las autoridades estatales competentes a estarpresentes durante los desalojos y recomienda la adopción de un protocolo deactuación de las fuerzas de seguridad en estos casos”. 130Ahora bien, en mayo de 2011 se llevó adelante el desalojo de un complejo deviviendas en Villa Lugano, que estaba destinado a las familias del asentamientoEl Pueblito y Luján del camino de sirga de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Lasviviendas habían sido ocupadas en marzo, por 80 familias. El día 9 de ese mes,el juez a cargo de la ejecución del caso del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo ordenó el desalojo de las personas que se encontraban ocupando el130 Raquel Rolnik - Consejo de Derechos Humanos de ONU, ob. cit., párrafo 70.