Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

76 derechos humanos en argentina. informe 2012tomado en consideración las cuestiones que mencionábamos antes, no deberíaser un problema para el operador o para el testigo. Este último puede decirque no, puede decir que no quiere contestar; pero si no se le pregunta, es muyprobable que no hable. Y esto se relaciona con nuestra segunda preocupación,y es la constante asociación del “género” con las “mujeres”, sobre todo en elámbito de los operadores judiciales. Muchas veces se estima que sólo una mujertiene la sensibilidad para escuchar el relato de una violación o un abusosexual. Y se da por sentado que entonces el juzgado tendrá que instrumentarla forma de que sea una mujer la que tome ese testimonio. Considerando loque hemos definido como marco del encuentro, lo más adecuado es preguntarlea la persona que va a brindar testimonio si tiene alguna preferencia alrespecto y no decidir por él o ella.3.3.2. Responsabilidad penal de los civiles en el accionar represivo, en particularfuncionarios del gobierno de facto y miembros del Poder JudicialEn los últimos años se ha evidenciado un claro avance en la imputación de civilesmiembros del Poder Ejecutivo y Judicial en causas penales que investigandelitos de lesa humanidad.Luego de la condena al ex juez Brusa, ha llegado a juicio el ex ministro deGobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, en la causa que investigalos crímenes del circuito Camps. Estos funcionarios se encuentran imputadospor los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos porlas víctimas de dicho circuito represivo.También el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínezde Hoz, se encuentra imputado por la privación ilegal de la libertad del empresarioFederico Gutheim y de su hijo, en una causa en la Capital Federal.Además hubo denuncias contra funcionarios civiles de Ford y Mercedes Benz,pero que ya murieron.Lo interesante es que en esta nueva etapa se ha comenzado a profundizarsobre la responsabilidad penal civil. Y, en este sentido, se ha profundizado lainterpelación al Poder Judicial. Durante los años ochenta y noventa primó unaidea de funcionarios judiciales “inhábiles”, sin posibilidades de actuar conformea principios profesionales idóneos frente a la maquinaria de terror estatal.En esta etapa del proceso se ha comenzado a desmentir esa versión de loshechos al identificar participaciones concretas de jueces, secretarios y fiscalesde aquel entonces en los crímenes cometidos.En numerosas oportunidades hemos analizado cómo la extensión en eltiempo del proceso de justicia ha permitido ahondar en aspectos que –aunquepresentes en la etapa de transición– no lograron imponerse en la discusión alquedar trunco el juzgamiento. Creemos que la complicidad de los miembros