Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

210 derechos humanos en argentina. informe 2012les superiores de la provincia hace que la situación persista y que se debilite elmecanismo de control judicial de las prácticas penitenciarias.3.2.2. Corrupción y tramas de ilegalidadLa arbitrariedad se combina con hechos de corrupción que, lejos de ser fenómenosaislados, parecen responder a un patrón sistemático. En diversas presentaciones,funcionarios judiciales y organismos de control han denunciadoconnivencia entre proveedores y funcionarios de la administración provincial,sobreprecios, adjudicaciones arbitrarias y pagos desmedidos. Además, han señaladoque los agentes roban pertenencias de los detenidos y que la distribuciónde drogas en las unidades suele ser regulada por los mismos penitenciarios.En general, la justicia prefiere no investigar estos hechos y deja vía librepara que se mantenga este modelo. 62Sólo en algunos casos se abren causas judiciales en torno a denuncias decorrupción administrativa penitenciaria. Existen, por ejemplo, causas en lasque se investigan pagos de sobreprecios en insumos alimentarios; pagos porcompras de ropa de cama nunca entregadas; irregularidades en los gastos yrendiciones de las cajas chicas, tanto en la compra de medicamentos como enel pago de horas extras, e irregularidades en la provisión de alimentos. Todoesto afecta la vida de los detenidos. 63Una de las denuncias más escandalosas tuvo lugar en marzo de 2011, cuandovarios detenidos de la Unidad 48 afirmaron que las autoridades sacaban delpenal a los detenidos para delinquir y que los autos robados eran desarmadosdentro de la misma unidad. Esto fue probado con fotos que muestran a variosinternos con camperas de camuflaje, gorras y chalecos antibalas y escudos protectoresdel SPB. 64 También se registraron denuncias de personas alojadas enCasación provincial, por la queja interpuesta por el Poder Ejecutivo. El pedidode inconstitucionalidad aún se encuentra en trámite. El 12 de diciembrede 2011, el Ejecutivo firmó un acuerdo en el que se comprometió a cumplircon la Resolución 1938/10 y a alojar en la Unidad 15 únicamente a internosprovenientes de Mar del Plata, Necochea y Dolores. Ante cualquier excepción,el traslado debía ser notificado previamente a la Defensoría General yal juzgado interviniente. A sólo diez días del acuerdo, el SPB lo desobedecióe ingresó alrededor de 15 detenidos de forma excepcional, sin realizar lasnotificaciones correspondientes.62 Véase CCT-CPM, ob. cit.63 Íd.64 Uno de los internos afirmó que el director y el subdirector del penal y el jefedel complejo en ese momento (prefecto mayor Mario Aranda, prefecto HoracioRuiz e inspector mayor Claudio Molina, respectivamente) lo pusieronal frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los