Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

278 derechos humanos en argentina. informe 2012reclamos y justificó la decisión del desalojo inicial, lo que significa una coberturacorporativa para esa orden que desembocó en las primeras dos muertes.2.3.4. La intervención de la justicia penal en la investigación de larepresiónPor otra parte, los homicidios dieron lugar a la apertura de un proceso penalen la justicia nacional de instrucción. Los obstáculos que encontró el fiscalSandro Abraldes al indagar sobre los hechos dan cuenta de las reticencias delsistema de justicia ante el avance de investigaciones que involucran el accionarde fuerzas de seguridad contra víctimas de sectores populares: el juez EliseoOtero no habilitó las autopsias con la urgencia que debía, limitó los pedidosde investigación sobre integrantes de barras bravas que habían, por lo menos,intimidado con armas de fuego a los ocupantes del parque y calificó como“simples vejámenes” a los hechos de tortura.El 1º de diciembre de 2011, tras una destacable investigación en cuanto ala recolección de numerosos elementos de prueba, 33 Abraldes concluyó quela PM fue responsable de los disparos que provocaron la muerte de BernardoSalgueiro y Rossemary Chura Puña, así como también de las lesiones de bala aWilson Ramón Fernández Prieto, José Ronald Meruvia Guzmán, Jhon AlejandroDuré Mora, Juan Segundo Aráoz y Miguel Ángel Montoya.El fiscal solicitó la declaración indagatoria a 33 policías de la PM. Comoconsideró que el operativo fue conjunto y las órdenes provenían de la PFA,ordenó tomar declaración indagatoria a cuatro comisarios federales, entre losque se incluyen los oficiales de la Dirección General de Operaciones, a cargodel ex comisario mayor Hugo Lompizano, procesado en el marco de la causaen la que se investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. 34 Otros ocho policíasfederales fueron citados a indagatoria por abuso de armas. Abraldes tambiénsolicitó la citación de la jueza Nazar, en tanto no controló el desalojo del predio;además –agregó el fiscal–, tuvo decisiones contradictorias con relación alos mismos antecedentes del hecho: en un primer momento ordenó el desalojoy luego consideró que no existían razones que justificaran una orden detales características.33 Tales como el secuestro de 260 armas utilizadas por la PFA y por la PM, elacceso al archivo de las modulaciones del Comando Radioeléctrico (registrode comunicaciones entre la Dirección General Operativa y las dependenciaspoliciales que participaron) y los registros periodísticos originales.34 Los demás efectivos de la PFA indicados en el pedido de indagatoria delfiscal son el comisario general Roberto Agustín Palavecino, el comisario inspectorJuan Antonio Quintero y el comisario Emilio Ramón Miragaya.