Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

tensiones sociales y respuestas estatales. conflictos… 307para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmenteocupados o utilizados por ellas, y a que cumpla con laobligación de obtener el consentimiento libre, previo e informadode quienes se vean afectados por esas actividades económicas. El Comitérecomienda también al Estado parte que garantice que en ningúncaso dicha explotación atente contra los derechos reconocidosen el Pacto y que se conceda a las comunidades indígenas una indemnizaciónjusta y equitativa. El Comité también exhorta al Estadoparte a que brinde protección a las comunidades indígenas durantela ejecución de los proyectos de exploración y explotación minera. 98Para empezar a resolver los problemas de acceso a la tierra y al territorio delas comunidades indígenas es imprescindible que se avance con la identificaciónde sus tierras y se complete su titulación. Para ello, es necesario quese realice el relevamiento técnico-catastral de la Ley 26 160/26 554 en todaslas provincias, incluso en aquellas que se han opuesto a él, y que se respete laparticipación indígena real y plena en cada tarea y etapa desarrollada en lascomunidades. Junto con ello es necesario completar el vacío legal existente ydesarrollar un procedimiento adecuado de titulación, de manera que la identificaciónde los territorios indígenas no quede como un mero acto declarativosino que cause efectos legales concretos. En estos procesos de titulación debenincluirse disposiciones normativas que establezcan la prioridad de la propiedadcomunitaria sobre la propiedad privada y mecanismos de saneamientoy compensación por las potenciales restricciones al derecho a la propiedadprivada. 99 Por otro lado, también son necesarias medidas de acción para que98 Ibíd., párrafo 9. A su vez, y en la misma línea, en el año 2010 el CERD habíarecomendado al Estado argentino que “intensifique sus esfuerzos para lograrla implementación de esta ley en todas las provincias que tienen poblaciónindígena y en las cuales la lucha por el control de recursos naturales haoriginado violencia y desalojos forzosos. El Comité urge al Estado parte a quetome las medidas necesarias para frenar los desalojos y asegurar la propiedadcomunitaria de los pueblos indígenas en donde corresponda. Recomiendatambién que el Estado parte intensifique esfuerzos para lograr la adecuadaarmonización del RENACI con los registros provinciales” (CERD, “Observacionesfinales: Argentina”, Un. Doc. CERD/C/ARG/CO/19-20, 29 de marzode 2010).99 En repetidas ocasiones los órganos de derechos humanos han reconocidoque la propiedad comunitaria indígena tiene prioridad sobre la propiedadprivada porque los pueblos indígenas mantienen una especial relación con latierra que contiene elementos inmateriales y que es necesaria para la reproduccióncomo pueblos organizados con una cultura diferente. Véase, en estesentido, Convenio 169 de la OIT, art. 16, incs. 4 y 5; Declaración de NacionesUnidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 28, inc. 1, y Corte IDH,