Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

276 derechos humanos en argentina. informe 2012vínculos con el narcotráfico”. 31 A la vez, se centró en demandar la intervencióndel gobierno nacional, alegando carencias de personal y de equipamientopara actuar con un cuerpo de Infantería de la PM y la demora del traspaso dela Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA. Aún hoy, la visióndominante de los funcionarios de diversas dependencias gubernamentales dela ciudad es que la única manera de resolver el conflicto era imponer un mayorgrado de violencia con una fuerza de choque.2.3.3. La actuación de la justicia de la ciudad de Buenos Aires como condiciónpara la represión y la criminalizaciónLa reconstrucción de la trama de relaciones y decisiones que desencadenaronlos hechos críticos del Indoamericano presentan a los actores judiciales enroles determinantes. El hecho de que los fiscales hayan pedido el desalojo sinatender a la posibilidad de una mediación y que la jueza a cargo de la investigaciónpor la usurpación, María Nazar, autorizara la represión de un conflictocomo el que tenía ante sí resultan datos ineludibles para explicar lo sucedido.La jueza se limitó a brindar una cobertura de aparente legalidad al accionarpolicial, concedió el pedido de desalojo de la fiscalía porteña y habilitó el usode la fuerza pública. Así puso en marcha un operativo coordinado que incluía200 efectivos de la PFA provenientes de dos comisarías y de la Guardia deInfantería y a 60 agentes de la PM, que incluyó a Infantería y a la División deOperaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un grupo que efectuó disparosen diferentes áreas del parque. Ninguno de ellos supervisó el desarrollode la acción crítica que habían impulsado.Durante la represión de la toma, en el ámbito del Poder Judicial de la ciudadse libró una fuerte disputa sobre los encuadres legales que correspondíadar a los hechos y el modo en que se los debía procesar. La Defensoría Generalde la ciudad solicitó representar a los ocupantes, cuestión que fue negada porla jueza. Ocurridas las primeras muertes, la Defensoría y organizaciones socialesintentaron que la justicia procesara la crisis por vías alternativas a la penal,pero el Superior Tribunal de Justicia reafirmó este camino como el terrenoprivilegiado para dirimir los conflictos sociales. 32 Con el conflicto escalando ensus dimensiones –ya se tenía la noticia de las víctimas fatales y que el operativo31 Werner Pertot, “Macri y los peligros de la xenofobia”, Página/12, 10 de diciembrede 2010.32 Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Expediente7777/10 “Pérez Ojeda, Diosnel c/GCBA s/medida cautelar s/conflicto decompetencia”, decisión del 10 de diciembre de 2011. La jueza Alicia Ruizvotó en disidencia y consideró que cuando “la represión se amplía, al exten-