Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

tensiones sociales y respuestas estatales. conflictos… 261dirigidas no sólo a solucionar el problema de la tierra sino también a lograr laprotección de sus integrantes.En diciembre de 2010 algunos miembros de la comunidad trasladaron suprotesta a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de ser recibidos por elgobierno nacional. El 9 de diciembre de 2010 comenzó un acampe en la plazoletade Avenida de Mayo y 9 de Julio, que se mantuvo durante más de cincomeses. Durante ese tiempo, los representantes de la comunidad fueron llamadospor una sola vez por funcionarios nacionales a una reunión, que no arrojóresultados positivos. 6Cuando promediaban los cuatro meses de acampe, y ante la indiferenciadel gobierno nacional, los referentes de la comunidad decidieron redoblarsus medidas de acción directa iniciando una huelga de hambre y un corteparcial de la Av. 9 de Julio. El sábado 30 de abril, más de 50 efectivos de la PolicíaFederal Argentina (PFA) rodearon el acampe al amanecer para cumpliruna orden de identificación de los manifestantes y de desalojo de la avenida,a partir de una denuncia que había realizado el gobierno nacional ante lajusticia contravencional de la ciudad. La amenaza de atravesar otro violentodesalojo en manos de la PFA y de la justicia porteña motivó la decisión de levantarel corte de la avenida y continuar la medida de fuerza en la plazoleta. 7La reacción del gobierno nacional mediante el uso de sus fuerzas de seguridad6 El 30 de diciembre de 2010, Félix Díaz fue citado a una reunión en laSecretaría de Derechos Humanos de la Nación a la que asistieron ClaudioMorgado, presidente del INADI; Marcio Barbosa Moreira, secretario de Interiordel Ministerio del Interior; Raúl Alberto Chiesa, vocal del directorio dela Administración de Parques Nacionales, y Alejandra del Grosso, directorade Apoyo a Actores Sociales para la Construcción Ciudadana, de la Secretaríade Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).De acuerdo con el acta de esa fecha, el gobierno nacional asumía una seriede compromisos vinculados con la entrega de DNI, el suministro de agua yotros programas sociales y el compromiso de enviar una nota al Ministeriode Seguridad. Más allá de que todavía hoy existen discusiones vinculadas alincumplimiento de estos compromisos, lo cierto es que se trató más de unaestrategia para destrabar el conflicto que de la exteriorización de un acuerdodirigido a solucionar el problema de fondo, pues no se previeron mecanismosde seguimiento ni salidas reales para la problemática de la tierra o de laseguridad.7 Como se verá en el relato del caso del Parque Indoamericano, también lajusticia contravencional de la ciudad de Buenos Aires intervino en el desalojodel predio. Al igual que en los hechos de la represión del 23 de noviembrede 2010 en Formosa, la justicia contravencional de la CABA no emitióformalmente una orden de desalojo; sin embargo, las fuerzas de seguridadamenazaron con proceder a la identificación de los manifestantes si no despejabanel espacio público.