Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

154 derechos humanos en argentina. informe 2012Luego de la separación de la fiscal Roxana Castelli, a casi tres meses de ladesaparición, comenzó a intervenir la fiscal Celia Cejas. En un comienzo, Cejasintentó avanzar sobre las responsabilidades policiales, pero cometió seriasirregularidades. 129 Luego, desde marzo de 2010 hasta enero de 2011, no setomó ninguna medida adecuada para determinar qué habían hecho los funcionariospoliciales sospechados.Desde la Procuración General, a cargo de María del Carmen Falbo, lo mássignificativo que se hizo fue nombrar a tres instructores judiciales que tampocoaportaron avances en relación con las hipótesis policiales. Por el contrario, enmuchos casos se desvió la investigación hacia la familia de la víctima. Tampocose investigaron posibles delitos cometidos por el personal policial, que surgen delas constancias expresas de la causa. Durante esta etapa, mucho menos se profundizósobre el contexto en el que se investiga la desaparición de Luciano –lasprácticas de hostigamiento y reclutamiento de personas menores de edad para lacomisión de delitos–, ni se emprendieron estrategias de protección de testigos.En febrero de 2011, tras la insistencia del CELS y de los abogados de la familiaArruga, la fiscalía solicitó un nuevo rastrillaje en el descampado en el que sehabían detenido durante dos horas, estando fuera de su cuadrícula, dos de lospatrulleros del Destacamento de Lomas del Mirador la noche de la desaparición.Dicho estudio requería el uso de un geo-radar, un sofisticado dispositivode exploración que permite hallar irregularidades en el terreno compatiblesapartamiento del caso y se le inició un sumario administrativo. Había delegadola investigación en funcionarios policiales del destacamento donde habríaestado secuestrado Luciano, y que se encuentran sospechados como posiblesautores de la desaparición. Por incumplimiento de la Resolución 1390 dela Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, se apartó del casoa la fiscal y se remitió el expediente a la UFI nº 1. En el dictamen de laFiscalía General del 12 de marzo de 2009, obrante a fs. 219/220 consta: “Sedesprende que la investigación se ha orientado en dirección a establecer sipersonal policial del destacamento de Lomas del Mirador se halla involucradoen razón de existir sospechas de que el menor Arruga pudo haber estadodetenido en época de su desaparición en dicha dependencia policial”.129 Por ejemplo, en un predio descampado de la zona de Lomas del Mirador,conocido como “Monte Dorrego”, se realizó un rastrillaje con miembros dela GNA, con utilización de canes y de tecnología para este tipo de investigaciones.En esa ocasión, la fiscal Cejas no labró acta judicial, como imponenlos arts. 117 y ss. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.No dejó registrada ninguna de las tareas efectuadas, lo que obligó a losparticulares damnificados –tanto a los abogados que representan a MónicaAlegre, la mamá de Luciano, como al CELS– a requerir un nuevo rastrillaje,después de tanto tiempo de la desaparición, para profundizar la búsqueda derastros o indicios que pudieran dar cuenta de algunos de los extremos de laimputación contra los funcionarios policiales.