Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

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356 derechos humanos en argentina. informe 2012de Salud Mental y Adicciones. La Mesa Federal es un espacio multisectorialen el que participan actores estatales y de la sociedad civil organizada, 9 quefue conformado en 2005 como una iniciativa de la Unidad CoordinadoraEjecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable, del Ministerio deSalud de la Nación, y la Dirección de Asistencia Directa a Personas y GruposVulnerables, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justiciay Derechos Humanos de la Nación. Desde su creación ha desempeñado diversasacciones de promoción y capacitación relacionadas con esta temática y seocupa de definir prioridades de gestión para las políticas públicas en saludmental a partir de un enfoque de derecho. De allí surgió el grupo de apoyoa la LNSM, que desempeñó un papel protagónico en el impulso del trámitelegislativo y su sanción. A su vez, generó un espacio eficaz y enriquecedor dearticulación entre los representantes del Estado y la sociedad civil.El 5 de abril de 2010 se creó la Dirección Nacional de Salud Mental yAdicciones (DNSMyA), en el ámbito del Ministerio de Salud, gesto institucionalque demostró la voluntad política de dotar a esta temática de una relevanciaantes inexistente en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Luego dela sanción de la ley, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones fuedesignada como el organismo encargado de establecer las bases para un plannacional de salud mental acorde con el nuevo marco normativo y convertirseen el órgano de aplicación para delinear políticas públicas nacionales en lamateria. En el ejercicio de estas funciones, la dirección creó y puso en funcionamientoel Programa Nacional de Asistencia Primaria en Salud Mental (Leynacional 25 421); el Programa de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos,y el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), 10 entreotras iniciativas. 119 Cuenta aún hoy, entre sus participantes más constantes y activos, a la DNSMyA,la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, asesores de funcionariosdel Poder Legislativo, representantes de la Jefatura de Gabinete deMinistros del Poder Ejecutivo Nacional, la Defensoría General de la Nación,la Superintendencia de Servicios de Salud, la Asesoría General Tutelar dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Programa de Atención de Niños,Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (CABA), el CELS, laADESAM, la Red FUV y la OPS.10 Programa creado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y DerechosHumanos de la Nación (Resolución conjunta 1075/2011, Ministerio deJusticia y Derechos Humanos, y 1128/2011, Ministerio de Salud). Para profundizarel análisis sobre la creación y el funcionamiento de este programavéase, en este mismo informe, capítulo III, el apartado “Los alcances de laestigmatización, la medicalización y la represión de la locura”.11 Sobre las acciones realizadas por la DNSMyA consúltese el sitio .
las personas con discapacidad psicosocial: del estigma… 3571.2. el proceso de sanción: “nada para nosotros sin nosotros”Uno de los aspectos más destacables y distintivos del proceso de sanciónde la ley fue la activa participación de la sociedad civil. Más aún teniendoen cuenta que los usuarios de los servicios de salud mental y sus familiaresno sólo han sido invisibilizados y silenciados, sino que su palabra estuvo (yestá aún, en general) desautorizada. Su participación en entrevistas conlos senadores y sus equipos técnicos antes de la discusión en el recinto, asícomo sus intervenciones en las audiencias públicas pueden ser entendidascomo una puesta en acto de los preceptos de participación contenidos enla convención y recuperados por la ley. También la presencia activa delas organizaciones defensoras de derechos humanos en la difusión de loscompromisos asumidos por el Estado argentino a través del derecho internacionaly su participación en el debate parlamentario rescató y agregó aldebate la ineludible y olvidada dimensión de la dignidad de las personasusuarias y la importancia de su inclusión en la construcción de una ciudadaníademocrática.Una de las principales tensiones a superar se vincula con la defensa de losintereses sectoriales, a espaldas de las cuestiones atinentes a la defensa delos derechos de las personas con discapacidad psicosocial. El Estado es unactor fundamental en estas disputas en su rol irrenunciable de garante delpleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la participación delos afectados directos ha sido una herramienta fundamental en la consolidaciónde normas más respetuosas e inclusivas, y en su efectivo cumplimiento.Esta circunstancia se presentó con claridad en el Congreso de la Nación: eldiagnóstico de la situación, las definiciones y los modos de intervención enrelación con la salud de la población en general y con la de aquellos afectadospor una enfermedad mental en particular han sido históricamente hegemonizadospor el discurso médico psiquiátrico, psicológico o psicoanalítico (unaparticularidad de nuestro país). Desde estas disciplinas se construyó el saberalrededor del padecimiento mental a lo largo de la historia y se consolidaronlos prejuicios sociales, en relación con sus intervenciones para dar respuestaa esos problemas.Por otra parte, las posiciones hegemónicas suponen la posibilidad deproyectos estratégicos alternativos que las resistan y modifiquen. La historiadel movimiento de salud mental en la Argentina está repleta de experienciasde este tipo, señeras en América Latina, y que forman parte, como yahemos dicho, de un legado acallado durante décadas que no ha logradoconstituirse en una opción real y concreta para la población. Tampoco sonnovedosas las conceptualizaciones que dieron lugar a los movimientos dedesinstitucionalización, antecedentes de la comprensión del encierro comoproductor de patología y de la posibilidad de inclusión social plena del así
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