Derechos humanos en Argentina - Estamos en fueradelexpediente ...

tensiones sociales y respuestas estatales. conflictos… 277policial inicial no había logrado la desocupación del parque–, la fiscalía a cargode la investigación del delito de usurpación, a través del grupo de fiscalesconformado por el fiscal general Germán Garavano y Luis Cevasco, CristianLongobardi, Sandra Verónica Guagnino y Claudia Barcia, reiteró el pedido dedesalojo. Pero esta vez Nazar convocó a una audiencia, que se realizó el 10 dediciembre, para escuchar a los representantes de las distintas áreas del gobiernoy de la justicia, incluyendo a la Defensoría General y la Asesoría Tutelar dela ciudad de Buenos Aires. Esta convocatoria ampliada modificó las decisionesde la jueza, que tomó en consideración a la defensa pública y rechazó la nuevasolicitud de desalojo porque consideró que “el único e inmediato objetivo eslograr pacificar la zona y evitar nuevos enfrentamientos posibles”.El 11 de diciembre, la jueza consideró que no existió el delito de usurpacióny solicitó archivar las investigaciones retomando argumentos de la defensa públicaque sostenían que se trataba de una cuestión social ajena al derechopenal. Los atinados argumentos de esta decisión habrían sido, sin duda, aplicablesa la situación en que ordenó el desalojo que tuvo como consecuenciatres muertos.Durante 2011, esta investigación giró hacia la determinación de responsabilidadespor la ocupación del Indoamericano. La Cámara Penal, Contravencionaly de Faltas de la ciudad de Buenos Aires revocó la decisión de la jueza de archivarlas investigaciones y le ordenó que avanzara según las pruebas aportadaspor la fiscalía –que había insistido con los pedidos de desalojo– para la imputacióndel delito de usurpación a Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, NoemíRuejas y Alejandro “Pitu” Salvatierra, referentes sociales de Villa 20, barrio LosPiletones, Villa 3 y Villa Oculta, y a Marcelo Changalay, también de la Villa 20,vinculado al PRO. En consecuencia, todos ellos fueron acusados de organizarla ocupación. Los fiscales utilizan la participación de estos referentes en los espaciosoficiales de negociación como prueba de su capacidad de control sobrelos ocupantes, y se aventuran a afirmar que conformaron un grupo de punterosorganizados al margen de toda conducción política, con el objetivo de explotarla necesidad de la gente, y que pretendían habilitar un corredor para el narcotráficoy el mercado inmobiliario informal uniendo la Villa 1-11-14 con la 20.En ese contexto, algunos de los referentes sociales que se habían involucradopara frenar los hechos de violencia y resultaron claves para habilitar diálogosobturados con el poder político fueron criminalizados. La jueza Nazar solicitósu apartamiento en desacuerdo con esta orden. Por otra parte, la cámara porteñageneró un precedente judicial para disciplinar a quienes se organizan en losderse los límites del derecho penal, se acentúa el riesgo de gravísimos dañoscolaterales”.