La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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3.3. Un proyecto frustrado: la colonización
masiva de montes públicos
Hasta aquí los frutos de la ley de 1907 en la provincia de Cáceres: sólo una colonia
agrícola que demostraba la lentitud y complejidad de aplicación de la ley hasta la puesta en
marcha de la colonia y también lo dificultoso de que, una vez poseídos los lotes, los
campesinos actuaran de una forma realmente cooperativa. Durante los últimos momentos
del régimen de la Restauración nada se hizo en materia de reformismo agrario sobre bienes
privados con excepción de estudios sobre la cuestión. Resulta plausible que la existencia de
la Junta Central de Colonización consiguiera dos pírricas victorias, como ahora veremos:
- Suavizar el criterio restrictivo de Fomento en lo que se refiere a las roturaciones en
los montes públicos.
- Aclarar a los promotores políticos que nada se podía hacer en materia de
colonización sí ésta se seguía aplicando tan sólo sobre ese tipo de bienes.
De lo primero dan fe la Ley de conservación de montes y repoblación forestal de 24 de
junio de 1908 y especialmente la Real Orden de 31 de mayo de 1915 que autorizaba a la
roturación y cultivo de montes y otros terrenos comunes. Como señala Mangas Navas,
estamos ante una muestra más de reparto de “pocas y malas migajas entre un proletariado
campesino cada vez más numeroso” 315 , pero al menos demuestra que a Fomento no le
queda más opción que ceder: el forestalismo es casi imposible en un país donde el
problema agrario era por aquel entonces más que acuciante. En el caso de la Real Orden de
1915, se comprueba un asunto que en Extremadura transcurre cotidianamente de forma
conflictiva: para roturar montes públicos y dehesas boyales, los usuarios de pastos debían
renunciar a sus aprovechamientos; además, cualquier asociación agrícola había de dar el
visto bueno a la roturación.
Pero de todas estas medidas, es el proyecto masivo de colonización de montes
públicos de 1918 el que más interesa. Coincidiendo con el final de la Gran Guerra, la Junta
Central con el vizconde de Eza a la cabeza toma un nuevo impulso —como ya vimos con el
nuevo Reglamento— y acomete el estudio de varias regiones colonizables de España 316 .
Las informaciones evacuadas son atrevidas y en el caso de Cáceres incluye un estudio
sobre fincas privadas mayores de 500 hectáreas que serían, para los autores, los
verdaderos “terrenos colonizables” 317 .
Esta información consta de cinco partes: un estudio social, otro agrario, otro forestal,
un repertorio de montes públicos colonizables y un catálogo de fincas mayores de 500
hectáreas 318 . La introducción general a Extremadura incluye una loa a la iniciativa del
vizconde de Eza sobre los terrenos privados: “como presidente del Instituto de Reformas
Sociales y vocal de la Junta Central, comprendió esa necesidad [poner en producción los
latifundios] y dictó una Real Orden pretendiendo llevar la colonización de los latifundios en
Extremadura y Andalucía sin obtener resultados” 319 .
De la provincia de Cáceres se valora la inexistencia de industrias con un futuro poco
halagüeño en este sentido, por lo que “el único procedimiento para engrandecerla es poblar
315 Op. Cit., pág. 253.
316 Publicado en Colonización y repoblación interior. Boletín de la Junta Central (Madrid), número 4, de 1918. Nosotros
citamos la numeración del informe original, en ADGDR, Fondo Comunales y Señoríos, legajo 16. En el Boletín la
información la firma Rafael Escrivá de Romaní, quien sin duda debió valerse de la ayuda de la Sección de Montes del
Distrito Forestal de Cáceres y de la Sección Agronómica (para los datos sobre fincas privadas del Avance Catastral).
317 Ibídem, pág. 31.
318 Por la ubicación del informe en el archivo y las coincidencias con los trabajos de Carrión, en nuestra opinión estos
trabajos son los primeros que tuvo en sus manos la Comisión Técnica Agraria en 1931.
319 Ibídem, pág. 4.